Confirman los despidos y el cierre del Registro de la Propiedad Automotor N°1 de Río Grande

Daniel Rivarola, secretario general del Centro de Empleados de Comercio, confirmó la difícil situación que atraviesan los siete empleados del Registro de la Propiedad Automotor N°1 de Río Grande, quienes han sido despedidos tras la falta de pago de salarios. “La situación comenzó los primeros días de septiembre con la falta de pago del mes de agosto, lo que originó medidas de reclamo y una manifestación en la puerta”, explicó Rivarola.
La problemática se intensificó debido a que la titular del registro, Ana María Mingorance, se encuentra en una situación de salud complicada, lo que llevó a que su hija y el contador Gallardo asumieran como apoderados para gestionar la situación. “Hoy, los siete dependientes de este registro están en la calle”, lamentó el dirigente, señalando que las cartas documento de despido fueron enviadas a todos los trabajadores invocando el artículo 247, que menciona la imposibilidad de continuar con la relación laboral.
Rivarola advirtió sobre las condiciones de pago propuestas por los nuevos apoderados. “Manifiestan que no hay fondos. Se comprometen a abonar salarios e indemnizaciones a partir de que puedan vender una camioneta y un terreno”, indicó. Además, informó que intentan pagar únicamente el 50% de lo que corresponde según la ley en caso de despido, lo que genera una mayor vulnerabilidad para los trabajadores. “En el mejor de los casos, estamos hablando de cobrar la mitad, porque todavía no tienen ni siquiera el dinero del mes de agosto que ya está vencido”, enfatizó.
El dirigente también destacó que la relación laboral ha caducado y que están en un proceso de discusión legal para que se revean las medidas de despido. “Estamos rechazando el modo del despido y pidiendo el pago de los salarios caídos”, afirmó Rivarola.
La incertidumbre se extiende también a los clientes del registro, ya que, según el secretario general, solo la Dirección Nacional puede responder respecto al futuro de los trámites. “Los trabajadores ya no pueden interceder más, así que es una pregunta que hay que hacer a la dirección nacional de los registros”, concluyó.
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