“Incluir a los gremios dilata la resolución y desvía la responsabilidad del gobierno provincial”

La situación educativa de los niños en la escuela número 32 se complica tras la decisión del juez de incluir a los sindicatos SUTEF y ATE en un amparo presentado por los padres, que busca una solución rápida a la crisis. Según Francisco ‘Paco’ Giménez, abogado que representa a los padres, esta acción dilatará el proceso y desvía la responsabilidad del gobierno provincial, que debería garantizar el derecho a la educación.

Giménez explicó que, a pesar de la naturaleza urgente del amparo, el juez a cargo del juzgado de primera instancia en lo Civil y Comercial N°1 de Río Grande, Horacio Boccardo, ha optado por dar traslado al gobierno para su defensa y ha decidido incluir a los sindicatos como demandados. “Estamos ante una situación que se está volviendo grave por el abandono que sufren los chicos en el sistema educativo”, afirmó. El abogado expresó su desacuerdo con la decisión del juez, que considera innecesaria y perjudicial para la resolución del conflicto.

La presentación del amparo obedece a la preocupación de los padres por la falta de respuesta del gobierno provincial ante la crisis educativa. “El obligado constitucional a garantizar el derecho a la educación es el gobierno de la provincia, no los sindicatos”, subrayó Giménez, quien insistió en que los padres no buscan conflictos con los docentes, sino que consideran que la responsabilidad recae en el poder ejecutivo.

A raíz de la inclusión de los sindicatos en el amparo, los padres han tenido que realizar las cédulas de notificación correspondientes, lo que añade un nuevo nivel de complejidad al proceso. “Esto lamentablemente va a complicar la situación y dilatar la resolución”, afirmó el abogado, recordando que en casos anteriores el mismo juzgado había resuelto en 48 horas.

Con casi un mes transcurrido desde la presentación del amparo, Giménez expresó su preocupación por la incertidumbre que enfrentan los padres y los niños que continúan fuera de las aulas. “No tenemos un plazo claro para la resolución, y esto genera angustia en los padres que ven a sus hijos sin poder asistir a la escuela de lunes a viernes”, concluyó.

La situación refleja un conflicto que no solo involucra a docentes y sindicatos, sino que pone de manifiesto la responsabilidad del gobierno provincial en asegurar un entorno educativo adecuado para todos los niños. Los padres esperan que la justicia actúe rápidamente para restablecer el derecho a la educación de sus hijos.