Malvinas: Postergaron indagatorias a militares acusados de torturar a soldados

Aduciendo falta de personal y condiciones edilicias apropiadas, la jueza Federal Mariel Borruto postergó las indagatorias de los militares acusados de torturar a soldados argentinos durante la guerra de Malvinas. Las audiencias estaban fijadas para los días 27 y 28 de junio y 1, 2, 3 y 4 de julio de este año. AIRE LIBRE FM entrevistó al secretario del Juzado Federal, Juan Vicente.

A través de una nota, la jueza Federal de Río Grande, Mariel Borruto, dispuso suspender las audiencias indagatorias a los militares acudados de presuntas torturas a soldados argentinos durante la guerra de Malvinas, previstas para los días 27 y 28 de junio y 1, 2, 3 y 4 de julio de este año.

Entre los motivos de la suspensión, la jueza Borruto menciona “las condiciones en las que se encuentra este Juzgado Federal, cuya titularidad asumí el pasado día 8 de mayo, para afrontar la actividad que supone el llamado a indagatoria efectuado el día 5 de diciembre del 2018, cuyas fechas fueran dispuestas por el Sr. Juez Subrogante en fecha 2 de mayo de este año”.

“En ese sentido, no puede desconocerse que en la actualidad este Juzgado Federal no cuenta, pese a así haberlo solicitado tanto mis antecesores como quien suscribe, con una asignación de personal específico para la actividad que demanda la instrucción de estas actuaciones, máxime tomando en consideración el incremento de tareas que ha traído consigo la convocatoria de los imputados a prestar declaración indagatoria, que ha quedado evidenciada en la certificación actuarial que antecede”, explica la jueza.

Y agrega: “Así, el estudio de la documentación recabada, que en muchos casos debe ser trabajada íntegramente en formato digital porque su impresión conllevaría una acumulación de papel cuyo volumen excedería en mucho las actuales capacidades edilicias de este Tribunal, así como el análisis que se requiere para poder advertir cuál información responde a lo solicitado –atento a las sucesivas respuestas parciales que efectúan los organismos públicos requeridos– insumen recursos humanos que son escasos para dar respuesta a la demanda creciente de la que es objeto esta Magistratura”.

“Del mismo modo, no puede desconocerse que los hechos que nos ocupan sonde una trascendencia y complejidad que requieren de una especial atención, máxime tomando en consideración las expectativas que genera en nuestra comunidad toda actividad que se encuentre vinculada con nuestras Islas Malvinas“, señala el escrito.

Borruto recuerda que “tanto la anterior titular de este Juzgado Federal, la Dra. Lilian Herráez, como así también el Dr. Federico Calvete, en su carácter de Juez Subrogante, entendiendo la importancia de lo que podríamos denominar Causa Malvinas, solicitaron oportunamente la creación de una Secretaría específica y la correspondiente dotación de personal, pedido que la suscrita reiteró“.

“A ello debe agregarse que este Juzgado, con competencia universal, se encuentra enclavado en el mismo edificio desde incluso antes de la puesta en funcionamiento del Juzgado Federal, con lo que en la actualidad ha visto colmada su capacidad de funcionamiento (…)”, por lo que “esta situación dificulta que pueda garantizarse la normal realización delas audiencias fijadas, en la que se contará con la presencia de los imputados, pero así también, muy probablemente, de numerosas personas interesadas en el trámite de la presente”.

“De esta manera, y a los fines de garantizar el efectivo servicio de Justicia, sin vulnerar ningún derecho constitucional y atendiendo a los principios rectores en materia de Tratados Internacionales en relación al correcto servicio que deben brindar los Tribunales, en orden a lo expresado, es que resulta necesario suspender la realización de las audiencias fijadas para los días 27 y 28 de junio y 1, 2, 3 y 4 de julio de este año”, cierra el escrito de la jueza.

Las citaciones se definieron en mayo

A 37 años de la guerra de Malvinas y a 12 del inicio de la investigación en Tierra del Fuego, el juez Federal de Ushuaia, Federico Calvete, fijó para los meses de junio y julio las declaraciones indagatorias de 18 ex militares acusados de torturar a soldados durante el conflicto bélico de 1982.

Calvete, que subroga el juzgado Federal de Río Grande donde se tramita la causa, ya había convocado a los ex militares en diciembre del año pasado, pero el proceso se demoró hasta que la Justicia logró ubicar a cada uno de los imputados para notificarlos de la citación, informaron hoy fuentes judiciales.

En el marco del expediente, iniciado en 2007, el magistrado dispuso un cronograma de indagatorias que van desde el 27 de junio al 4 de julio.

Los indagados serán Miguel Ángel Garde, Belisario Gustavo Affranchino Rumi, Eduardo Luis Gassino, Jorge Oscar Ferrante, Emilio José Samyn Duco, Jorge Guillermo Díaz, Luis Alfredo Manzur, Raúl Antonio Linares y Pablo Emilio Hernández.

También fueron llamados a declarar los ex militares Claudio Tamareu, Jorge Arnaldo Romano, Ramón Eduardo Caro, Sergio Alberto Guevara, Oscar Luis Contreras, Francisco Gabriel Rivero, Oscar Albarracín, Ramón Desiderio Leiva y Gustavo Adolfo Calderini.

El juez estableció que Garde, Affranchino Rumi y Gassino declararán el 27 de junio, mientras que Ferrante, Samyn Duco y Díaz lo harán el 28; Manzur, Linares y Hernández el 1 de julio y Tamareu, Romano y Caro el 2 de julio.

A su vez, Guevara, Contreras y Rivero serán indagados el 3 de julio, y Albarracín, Leiva y Calderini, el 4 de julio.

Además, Calvete resolvió que “debido a la concurrencia de elementos probatorios”, corresponde indagar a otros seis ex militares mencionados en las denuncias de más de un centenar de ex combatientes que dijeron haber sido víctimas de “enterramientos” y “estaqueos”, entre otros vejámenes.

En estos casos, el magistrado no puso aún fecha de indagatorias hasta tanto “sean debidamente notificados del presente decreto, como así también de sus derechos”, señala la resolución judicial a la que accedió Télam.

La causa Nº 1777/07, caratulada “Pierre Pedro Valentín y otros sobre delito de acción pública”, surgió a partir de los testimonios de soldados tras el regreso de la guerra de 1982.

La denuncia fue radicada en 2007 con la presentación de las primeras 25 denuncias por parte de Pablo Vassel, entonces Secretario de Derechos Humanos de la provincia de Corrientes, y tomó impulso a raíz de acciones promovidas por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata(CECIM), que se convirtió en parte querellante.

Según la acusación promovida por el fiscal Federal de Río Grande Marcelo Rapoport, las autoridades militares con asiento en las islas “habrían ordenado y ejecutado contra soldados conscriptos diversos actos de tortura -entre ellos, los conocidos estaqueamientos y enterramientos- como forma de controlar las alegadas indisciplinas que generaban las penurias que padecía la tropa a causa de la falta de abrigo y comida”.

Desde el CECIM sostienen que en la causa hay 105 hechos de torturas denunciados y un total de 95 militares mencionados.