Investigan a adolescentes que engañaban a hombres haciéndose pasar por adultas

Todo comenzó con la denuncia de un hombre acusado de grooming, que perdió su trabajo y sufrió consecuencias personales graves. Sin embargo, la investigación reveló que había sido víctima de un engaño: un grupo de adolescentes de entre 11 y 14 años habría montado perfiles falsos, producido material sexual y provocado la situación. El caso genera conmoción en Río Grande, Tolhuin y Ushuaia.
La abogada Sandra Arenas reveló un episodio que encendió alarmas en la provincia. Un hombre fue inicialmente denunciado por presunto delito de grooming, lo que le costó su empleo y un fuerte impacto social. Pero con el avance de la investigación se comprobó que había sido víctima de un ardid organizado por al menos cinco adolescentes que se hacían pasar por mujeres adultas en redes sociales.
Según el expediente, las menores de entre 11 y 14 años utilizaban perfiles falsos para entablar conversaciones con hombres, intercambiaban imágenes íntimas y, en algunos casos, llegaban a extorsionar con pedidos de dinero.
En los dispositivos incautados se hallaron videos y material sexual producido por las propias menores, lo que constituye un delito gravísimo ligado a la pornografía infantil y pedofilia. La situación abre un vacío legal complejo: al tratarse de responsables menores de edad, aún no está claro cómo se abordará judicialmente.
La justicia absolvió al hombre acusado tras confirmar que no era el creador de los perfiles ni actuó con intención delictiva. Sin embargo, el caso expone un fenómeno delicado que combina el riesgo de las redes sociales, la falta de control familiar y la producción de material prohibido.
Arenas insistió en que deben intervenir el Ministerio Público Fiscal y el Juzgado de Familia, y cuestionó el rol de los adultos responsables:
“¿Saben los padres qué contenido tienen sus hijos en los teléfonos y con quién hablan en redes sociales?”.
La abogada advirtió que no se trata de un hecho aislado, sino de una práctica que se estaría replicando en distintas ciudades de la provincia: Río Grande, Tolhuin y Ushuaia.
El caso desató un debate social y jurídico: cómo prevenir que adolescentes generen este tipo de conductas y qué mecanismos tiene el Estado para actuar frente a un delito tan grave cuando las autoras son menores de edad.