Exigen respuestas tras el cierre del Registro del Automotor N°1 de Río Grande

Las ex trabajadoras del Registro del Automotor Número 1, Marisol Villaroel y Miriam Hernández, compartieron su angustiante situación tras el cierre repentino de la entidad, que ha dejado tanto a empleados como a la ciudadanía en un estado de incertidumbre. Durante una entrevista en AIRE LIBRE FM, las trabajadoras, que tienen más de 38 años de servicio, expresaron su frustración por la falta de respuestas y la negativa a recibir sus indemnizaciones.

“Estamos en la misma situación que antes. Nos debían los sueldos de agosto y septiembre, y seguimos igual,” comentó Miriam Hernández, quien destacó que no solo se ven perjudicadas ellas, sino también los ciudadanos quienes han pagado por trámites que ahora están paralizados. Según Hernández, muchas personas tienen turnos que son constantemente cancelados, dejando sus gestiones sin resolución.

El cierre del registro, que según las trabajadoras nunca debió ocurrir de esta manera, fue ejecutado por el nuevo encargado, Ramón Gallardo, quien, según ellas, no mostró empatía ni se comunicó con el personal antes de los despidos. “Nos mandó cartas de documentos despidiéndonos sin tener una conversación previa,” lamentó Villaroel.

El abogado que representa a las ex trabajadoras, el Dr. Rubio, está llevando el caso, pero hasta el momento no se ha logrado avanzar en el proceso judicial para recibir sus indemnizaciones. Las trabajadoras enfatizaron que, a pesar de haber trabajado durante casi cuatro décadas, se sienten abandonadas y desprotegidas.

Durante la conversación, también se mencionó la situación de la ciudadanía, que ha visto sus trámites paralizados. “Hay muchos trámites que quedaron ahí, muchísimos trámites sin entregar,” señaló Hernández, quien agregó que la incertidumbre está afectando a muchas personas que necesitan realizar gestiones urgentes.

La familia Mingorance, propietaria del registro, ha sido mencionada por su capacidad económica, lo que genera confusión sobre la falta de fondos para afrontar las indemnizaciones. “Es una vergüenza lo que hicieron con nosotros,” concluyó Villaroel.