Ex funcionarios de Ríos dejaron el cargo y ahora tienen problemas psiquiátricos

La ex ministra de Desarrollo Social durante la gestión de la gobernadora Fabiana Ríos, Marisa Montero, y el ex secretario general del Gobierno del PSP, Darío Farías, ambos agentes de planta permanente del Ejecutivo provincial, deberán someterse a una junta médica que determine la validez de las licencias psiquiátricas por largo tratamiento que usufructúan desde que dejaron la función pública. Será en el marco de la investigación que lleva adelante el área de Fiscalización Sanitaria.

En tanto, los también ex funcionarios Alberto Noal y Guillermo Gómez fueron intimados a regresar de Buenos Aires, dado que se encontraban también con licencia por largo tratamiento y atendían su problema de salud mental en la Capital Federal, según publicó El Diario del Fin del Mundo, que menciona que “los casos resultan emblemáticos porque el inicio de la patología mental coincide con el cese del mandato de Ríos, cuando cada uno debía reintegrarse a su puesto de trabajo”.
Montero es planta del área Legal y Técnica de Río Grande y, luego de dejar el Ministerio de Desarrollo Social, presentó licencia por largo tratamiento de Salud Mental. Está citada a junta médica para hoy.
En tanto, Farías es planta del IPAUSS y presentó en julio del año pasado una carpeta de largo tratamiento por Salud Mental, abandonando la Secretaría General y luego de pasar por distintas áreas del gobierno.
Según el medio, Noal, responsable de Medios en la primera gestión de Ríos, continuó desempeñándose como docente en Río Grande pero con carpeta psiquiátrica. El tratamiento lo realizaba en Buenos Aires. Ya fue notificado mediante carta documento que deberá regresar esta semana, o no habrá más justificación de días sin trabajar. Y Gómez, militante del PSP, logró el ingreso a planta permanente gracias a Ríos y había pedido el pase a la Casa Tierra del Fuego en la ciudad de Buenos Aires. “Cuando se cancelaron esos pases y debía volver por el cambio de gobierno, presentó la carpeta de licencia por salud mental y sigue en la capital del país pero también deberá regresar mientras se investiga el diagnóstico”, se remarca.
Al respecto, el secretario de Planificación y Gestión Política de Salud de la Provincia, Pedro Seguí, expresó que “nosotros tratamos a todos de la misma manera y a todos nos atañe la misma reglamentación; desde Medicina del Trabajo controlamos la totalidad de las carpetas y podemos estar en desacuerdo con algún diagnóstico”.
En esa línea, dijo que “para eso existen mecanismos, si no estamos de acuerdo con el diagnóstico o la indicación como autoridad de aplicación podemos citar al paciente a una junta médica y pedir incluso al profesional tratante una ampliación del diagnóstico o un informe detallado de la evolución de ese paciente, para evaluar si corresponde o no el tratamiento indicado”.
En ese marco, apuntó que “continuar o no con la licencia queda a criterio de los médicos laborales”, y anticipó que tras la junta médica hay tres posibles pasos: que se determine continuar con la licencia, que se determine un tratamiento alternativo o que se decida la vuelta al trabajo.
El funcionario indicó que “no son muchas pero hay licencias largas que impactan en el volumen total de ausentismo” ya que “no es lo mismo un certificado por 48 horas que el que lleva meses con una carpeta médica”.