Convenio chino: la Provincia y TECQSA lograron un acuerdo para retomar las inversiones
El Gobernador Gustavo Melella alcanzó un acuerdo con representantes de Tierra del Fuego Energía y Química Sociedad Anónima, a partir del cual se resuelve el conflicto judicial que la empresa había iniciado contra la Provincia años atrás, en el famoso caso conocido como el ‘Convenio chino’. Según manifestaron desde el Ejecutivo, “este acuerdo no genera perjuicios económicos al Estado fueguino”. Cabe recordar que en 2016 se había rescindido el contrato, y luego la empresa inició acciones legales contra la Provincia.
Además, gracias a esto, la compañía retomará las inversiones para la instalación de una planta de urea en la zona norte de la isla, lo que permitirá dar un paso fundamental en la industrialización de gas producido localmente.
Al respecto, el Gobernador recordó que “resolvimos un viejo conflicto. Hace muchos años hubo una propuesta de industrialización del gas y por mezquindad política de algunas personas, personajes de la política fueguina y argentina, el proyecto quedó trunco”.
“Ese grupo empresario que había empezado con la inversión hizo un juicio contra la provincia, un juicio millonario y lo logramos resolver. La provincia no va a tener que pagar los millones y millones de dólares que íbamos a tener que pagar por ese juicio. Iniciamos un camino nuevo para reiniciar un proceso de industrialización del gas tan necesario para la provincia y sobre todo para la zona norte, para Río Grande”, agregó.
Asimismo el Mandatario recalcó que “los beneficios de esta iniciativa son muchos, más empleo, más recursos para la provincia, más empleos indirectos. Es un paso muy importante en la ampliación de la matriz productiva que estamos transitando desde el inicio de nuestra gestión”.
La construcción de la planta industrial para la producción de urea será en dos etapas. La primera incluye el emplazamiento y montaje de dos generadores de turbinas y luego la puesta en marcha de la central termoeléctrica, con una inversión aproximada de 100 millones de dólares. La segunda será la construcción de la planta con una inversión aproximada de 730 millones de dólares. Se determinó que la empresa debe emplear materias primas y mano de obra fueguinas; también deben volcar al mercado nacional lo producido a fin de que se sustituyan las importaciones y aumentar el valor agregado a las materias primas locales.
Como antecedentes, en 2009 se firmó un memorándum para fortalecer la cooperación y acelerar la ejecución de proyectos químicos entre la provincia y el Gobierno de la Provincia de Shanxi, China.
A partir de eso se llevó adelante una licitación pública internacional que fue debidamente adjudicada mediante resolución de la entonces Secretaría de Hidrocarburos y se emitió por parte de la Legislatura Provincial la Ley Provincial 828. En el año 2010 se suscribió un convenio de suministro de gas de regalías para su industrialización, a partir del cual TEQSA inició la construcción de una planta de fertilizantes (urea) en el predio industrial Las Violetas.
En el año 2013 la empresa se vio obligada a suspender el proyecto y se firmó un acta de suspensión del convenio. En el año 2016 la provincia rescindió unilateralmente el acuerdo, lo que llevó a TEQSA a iniciar una demanda ante el Superior Tribunal de Justicia que a partir de este nuevo acuerdo se resuelve sin perjuicio económico para la provincia.
Decreto 1426/16: El Gobierno rescindió el “Convenio Chino”
¿Qué informaba la gestión Bertone en 2016? El Gobierno provincial dejó sin efecto el convenio firmado en el 2010 con la empresa Tierra del Fuego Energía y Química S.A. para la venta de gas proveniente de regalías. La decisión está fundamentada en los reiterados incumplimientos en los que incurrió la empresa, entre ellos un segundo pago que nunca se efectivizó, como tampoco la construcción de la anunciada Planta de producción de urea.
En el año 2010, la gestión de la gobernadora Fabiana Ríos suscribió un convenio con la firma de capitales chinos constituida como “Tierra del Fuego Energía y Química S.A.” acordando la venta de gas para su industrialización.
El Convenio establecía que “Tierra del Fuego Energía y Química S.A.” debería realizar pagos adelantados por la compra del gas y cumplir con requisitos que iban desde estudios de factibilidad hasta obras de ingeniería civil, y una serie de procedimientos tendientes a la puesta en marcha de la Planta de Urea a construirse en la ciudad de Río Grande. La finalización se estimaba para el mes de mayo de 2013.
Pese a las sucesivas intervenciones del Fiscal de Estado y sus recomendaciones sobre posibles irregularidades en el acuerdo, el Convenio fue remitido posteriormente a la Legislatura para su ratificación en noviembre del año 2010.
En diciembre de 2010, una vez ratificado el Convenio por la Legislatura, la empresa realizó el primer pago al que se había comprometido; pero el segundo pago nunca se concretó; ni tampoco se inició ninguna de las obras pactadas anteriormente.
La empresa manifestó excusas que apuntaban a las supuestas firmas chinas que estaban detrás del proyecto y a otras razones no del todo claras, solicitando una prórroga para el pago en cuestión.
El Gobierno concedió entonces a la empresa no sólo una, sino cuatro prórrogas, dilatando de esta forma el cumplimiento de las obligaciones contractuales y aplicando únicamente intereses por mora y una multa diaria.
En los años siguientes, las partes acordaron la suspensión del convenio mediante la suscripción de actas, estirando de esta manera los tiempos sin prever el pago de intereses ni multas hasta el año 2015. Y a pocos días del cambio de gestión, el gobierno anterior concede una nueva prórroga.
Sin embargo, al día de hoy la empresa “Tierra del Fuego Energía y Química S.A.” no abonó a la Provincia las sumas adeudadas.
Al asumir la gestión de la gobernadora Rosana Bertone, y tras un exhaustivo análisis del expediente, se constataron serias irregularidades en la tramitación de las actuaciones administrativas y una conducta displicente de la empresa para acreditar en el expediente las razones esgrimidas para justificar los incumplimientos y solicitar nuevas prórrogas.
Por ello, el Ejecutivo determinó a través del Decreto 1426/16, dar por finalizado lo que fue conocido popularmente como “el convenio chino”.
