¿Qué cambios propone el paquete de leyes del Gobierno?
La gobernadora Rosana Bertone solicitó este martes mediante nota a la Legislatura, que se deje sin efecto el trámite de urgencia de los seis proyectos de ley presentados por el Ejecutivo entre el 13 y 19 de enero.
Este mecanismo -que ahora el Ejecutivo pidió que se anule- está contemplado en el artículo 111 de la Constitución Provincial, y establece, en líneas generales, que a partir del ingreso de los proyectos “el plazo comienza a correr desde la recepción de la solicitud de urgente tratamiento”.
“Los proyectos a los que se imponga el trámite previsto en este artículo que no sean expresamente desechados dentro del plazo establecido, se tienen por aprobados”, indica la normativa.
Reforma jubilatoria policial
Entre los seis proyectos con “trámite de urgencia” que envió el Gobierno a la Legislatura se destaca el que propone reformas a las leyes 735 y 834 sobre el sistema previsional y la Caja de Jubilaciones del personal policial y del servicio penitenciario en Tierra del Fuego.
“La sencilla razón de la presente modificación es lograr que el sistema previsional del personal policial y penitenciario, sobreviva y subsista a una inminente desaparición”, argumentó la gobernadora Rosana Bertone en el proyecto.
Según la iniciativa, las medidas que se proponen cobran “gran importancia a fin de minimizar y revertir la actual situación de la Caja” jubilatoria, impulsando “un régimen de austeridad en la administración del ente previsional”.
Para ello, disponen un “acotado margen para gastos de representación para el Directorio y conservar la actual carrera administrativa de los empleados del mismo”; así como “ajustar al mínimo necesario su número para su funcionamiento”. Se pide además que se adopten las medidas “conducentes a la eficacia de sus prestaciones”.
“Un punto sobresaliente es la labor realizada para incorporar herramientas tendientes a incrementar la capacidad de negocio de la Caja de Retiro, con miras a establecer un fuerte plan de inversiones a corto, mediano y largo plazo”, detalla la iniciativa.
Por otra parte, se propone una modificación a los años de servicio para el personal que ingrese con posterioridad a la sanción del proyecto, elevando la cantidad de años de servicios a 35 para el cuadro superior y a 30 para el cuadro subalterno.
Eliminación de las RUPE
Otro proyecto que generó polémica plantea modificar la Ley 389 de Pensiones RUPE, proponiendo en cambio “un suplemento económico que permita que las personas puedan obtener su pensión a través del Estado Nacional”.
De este modo, a partir de la sanción de este proyecto de ley, las personas con discapacidad deberán tramitar una “Pensión No Contributiva por Invalidez” ante las oficinas del Estado Nacional que funcionan en la Provincia, y obtener luego “una suma abonada por el Estado fueguino para llegar al valor de un 100 de la categoría 10 PAyT” tal como establece la Ley 389.
Esto significa que la Provincia pagará la diferencia existente entre el monto de una pensión por invalidez nacional y lo establecido por la Ley 389, es decir, el equivalente al 100% del sueldo de una categoría 10 PAyT de la administración pública provincial.
Comisión Técnica Salarial
El tercer proyecto que motivó reclamos de los gremios estatales propone crear una “Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público Provincial”, que tendrá como objetivo el “estudio, análisis y evaluación de medidas tendientes al establecimiento de una política salarial coordinada y armónica”.
Esta comisión estará integrada por “un representante del Ministerio de Gobierno y Justicia, que actuará como Presidente, un representante de la Secretaría General de Gobierno, un representante del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, un representante del Ministerio Jefatura de Gabinete y un representante del Ministerio de Economía”.
“Para el estudio de casos especiales, la Comisión podrá convocar para integrarla a un representante del Ministerio, Secretaria de Estado o entidad, que corresponda según el sector de personal de que se trate”, sostuvo.
Asimismo, esta comisión tendrá su propio reglamento y “podrá requerir directamente toda información” cuando se analicen pautas salariales de los organismos y entes descentralizados de la Provincia.
Con este proyecto, el Gobierno busca intervenir “en todo proyecto de modificación de regímenes que, directa o indirectamente y cualquiera sea su concepto, afecte las remuneraciones, en dinero o en especie, del personal”, ya sean de la administración pública como de los entes autárquicos.
Incluso “cuando se trate de acuerdo salariales celebrados o a celebrarse en el marco de convenios colectivos nacionales”.
Leyes previsionales
Asimismo, ingresado con el asunto 009/2017, el Gobierno propone modificaciones a las leyes 1070 y 1071 referidas a las Caja de Previsión Social de la Provincia y Obra Social de la Provincia de TDF, buscando especialmente un cambio en el mecanismo que establece el quórum de ambos organismos.
Entre los fundamentos de la iniciativa se indica que “el proyecto tiene como objetivos fundamentales mejorar la eficiencia del gobierno y administración de los sistemas de jubilaciones, retiros y pensiones y de prestaciones médico asistenciales a cargo de esos organismos, al tiempo de profundizar la inmediatez y celeridad en el otorgamiento de las prestaciones y por último promover la equidad y la transparencia en la tramitación y gestión de las prestaciones previsionales y médico asistenciales”.
El objetivo de fondo, claro está, es que los organismos funcionen a pesar de las inasistencias de los vocales que representan a pasivos y activos, situación denunciada desde la obra social, cuyos representantes -hasta el momento- nunca dieron quórum para realizar reuniones de directorio.
Emergencia habitacional
A través del asunto 017/2017, el Gobierno pide declarar la “emergencia habitacional y de infraestructura edilicia y equipamiento comunitario” en la Provincia.
Se hace hincapié en el déficit habitacional, y se menciona que según datos provistos por el Instituto Provincial de Vivienda (IPV), en Ushuaia existen 5.494 familias en lista de espera; mientras que en Río Grande suman 4.428. En tanto, 193 familias de Tolhuin aguardan por su techo propio.
De acuerdo al Ejecutivo, la declaración de “emergencia” permitirá acelerar los plazos de finalización de obras de infraestructura y soluciones habitacionales con fondos aportados por diferentes programas nacionales.
“Dichos programas, para su correcto funcionamiento, sumado a los diferentes mecanismos de control que contemplan, prevén plazos de ejecución y rendición de gastos que en la mayoría de los supuestos no resultan compatibles con los mecanismos previstos en nuestra legislación provincial”, señala el proyecto.
La iniciativa considera “prioritario” satisfacer las demandas edilicias “tanto éstas refieran a demandas habitacionales, como construcción, refacción y mantenimiento de edificios públicos, especialmente aquellos destinados a la atención de las problemáticas de la niñez, vejez y la familia y la ejecución de nuevas obras edilicias y de equipamiento comunitario”.
Para llevar adelante esta emergencia, el Ministerio de Obras y Servicios Públicos “deberá intervenir en todo lo inherente a la infraestructura en comunicaciones, minería, energía, saneamiento y en las obras públicas, la actividad vial y en definitiva en toda obra en la cual deba planificarse la inversión pública para un equilibrado desarrollo del territorio provincial”.
Por la “trascendencia social y económica de las obras” que dependen del Ministerio de Obras Públicas, el Gobierno considera que se debe otorgarles “la prioridad que el interés público exige, y agilidad en la concreción de las licitaciones y el seguimiento de obras”.
Asimismo, el proyecto plantea su preocupación por la caída de la actividad de la construcción a nivel nacional y provincial, aunque con un agravante puntual en Tierra del Fuego: la veda invernal.
De esta forma, el proyecto fundamenta que a través de la declaración de emergencia se busca “dotar de mayor dinamismo y brindar herramientas más ágiles para la realización de obras públicas y, de esta manera, lograr prontamente la generación de empleo genuino y de calidad, la recuperación del sector de la construcción, y, en consecuencia, el apuntalamiento del desarrollo de la economía en general de la Provincia”.
Conflictos inter administrativos
Ingresado bajo el Asunto 012/17, un proyecto de ley propone regular los procedimientos relativos “a reclamos pecuniarios de cualquier naturaleza o causa entre organismos administrativos del Estado Provincial”.
De este modo, se procura “que los conflictos interadministrativos se diriman en el ámbito propio de la Administración, bajo la órbita de la máxima autoridad” y no en la Justicia.
(Fuente: Crítica Sur)
