Padres de Río Grande presentan acción de amparo por falta de clases en la Escuela N°32

El abogado Francisco “Paco” Giménez se ha convertido en la voz de un grupo de padres de Río Grande que han decidido tomar medidas legales ante la alarmante situación educativa en la provincia. En una reciente entrevista, Giménez explicó en AIRE LIBRE FM que están reclamando mediante una acción de amparo que el gobierno provincial asuma su responsabilidad en la regulación del dictado de clases en la Escuela N°32.

Según el abogado, los alumnos han recibido solo un 30% de clases del calendario escolar en lo que va del año. “Si esta tendencia continúa, se estima que al final del año escolar solo habrán tenido 60 de los 180 días de clases requeridos por ley”, advirtió Jiménez. La causa de esta falta de clases se atribuye a desobligaciones por parte de los docentes, interrupciones por cuestiones edilicias y paros.

El abogado subrayó que este recurso legal no busca confrontar a los docentes, quienes enfrentan dificultades en sus condiciones laborales. “Los padres comprenden que los docentes tienen derechos, pero el poder ejecutivo es el encargado de garantizar el servicio educativo”, comentó. La acción de amparo se basa en la violación del derecho constitucional a la educación, y busca que el gobierno tome las medidas necesarias para asegurar que los estudiantes reciban la educación que les corresponde.

Jiménez enfatizó que, aunque los padres no desean verse involucrados en un conflicto entre sectores vulnerables, es esencial que el gobierno actúe para proteger el futuro de los niños. “Esto es una tragedia que afecta a nuestras familias y a la organización del hogar”, sostuvo.

El abogado también recordó un precedente del 2008, cuando una jueza intimó al poder ejecutivo a garantizar el servicio educativo tras una situación similar. “No estamos diciendo qué medidas deben tomar, pero deben actuar para asegurar el derecho a la educación de los chicos”, añadió.

La demanda se ha presentado en relación a la Escuela 32, pero Jiménez sugirió que otros padres podrían unirse a este camino legal. “La única opción que tienen los ciudadanos en un estado constitucional es recurrir a la justicia cuando se violan derechos fundamentales”, afirmó.

El abogado espera que la respuesta judicial sea rápida, dado el carácter urgente de la situación. “Mañana debería haber una respuesta, ya que pedimos una medida cautelar para que el gobierno inicie acciones mientras se tramita el amparo”, indicó.

La comunidad educativa de Río Grande sigue en estado de alerta ante la falta de clases, y los padres esperan que la intervención judicial pueda obligar al gobierno a tomar medidas efectivas para resolver esta crisis educativa que afecta a sus hijos.