Plantean la inconstitucionalidad del registro de choferes de aplicaciones digitales

La abogada Adriana Varisco confirmó en Aire Libre FM la presentación de una acción de inconstitucionalidad acompañada de una medida cautelar contra la ordenanza municipal que regula el servicio privado de transporte mediante aplicaciones digitales como Uber y Didi en Río Grande.

Según explicó, la presentación fue realizada por un conductor de Uber que considera que la normativa vulnera derechos garantizados por la legislación nacional y establece requisitos que resultan irrazonables para quienes desarrollan esta actividad.

Varisco señaló que el planteo judicial apunta principalmente a varios incisos del artículo 6 de la ordenanza, entre ellos la exigencia de residencia y domicilio legal en Río Grande, la aprobación de un curso municipal de seguridad vial, la presentación de libre deuda municipal, la radicación del vehículo en la ciudad y otros requisitos vinculados a la habilitación de los conductores.

No obstante, indicó que el punto más cuestionado es el límite máximo de 800 vehículos habilitados para operar mediante plataformas digitales, registro que comenzará a funcionar el próximo 2 de junio.

“Entendemos que se trata de un servicio privado y que no debería existir una limitación respecto de la cantidad de vehículos o conductores que pueden prestar el servicio”, sostuvo la letrada, quien remarcó que las propias aplicaciones ya exigen documentación, seguros y licencias habilitantes para permitir la actividad.

Asimismo, afirmó que la demanda plantea que el cupo establecido constituye “un mecanismo de privilegio”, ya que restringe el acceso al trabajo de personas que actualmente encuentran en Uber o Didi una fuente de ingresos. “En vez de avanzar, retrocedemos, porque se le quita la posibilidad a varios trabajadores de seguir ejerciendo la actividad”, expresó.

Respecto del trámite judicial, Varisco explicó que la presentación se realizó directamente ante el Superior Tribunal de Justicia debido a que la Constitución Provincial establece que ese cuerpo es competente para analizar la constitucionalidad de ordenanzas y leyes.

Finalmente, indicó que junto con la acción principal se solicitó una medida cautelar para suspender la aplicación de la ordenanza mientras el máximo tribunal analiza si los artículos cuestionados son compatibles con la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y las leyes nacionales vigentes.

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