Montes anunció cambios en la ley del IPV y la implementación del “alquiler social”

La presidenta del Instituto Provincial de la Vivienda, arquitecta Laura Montes, confirmó que el organismo impulsa una actualización de su ley de creación y avanza en nuevas herramientas para abordar la creciente demanda habitacional en la provincia. Entre las principales novedades, se destaca la implementación del denominado “alquiler social”, destinado a sectores en situación de extrema vulnerabilidad.

En diálogo con Aire Libre FM, Montes explicó que la normativa vigente data de 1992, cuando Tierra del Fuego pasó de territorio a provincia, y que actualmente presenta limitaciones frente al contexto social y económico actual. “Han quedado muchas herramientas obsoletas o incompletas. Hoy necesitamos una mirada más integral del hábitat, no solo centrada en la vivienda, sino también en el suelo, los servicios y la infraestructura”, sostuvo.

Segmentación de la demanda y nuevas operatorias

La funcionaria adelantó que uno de los ejes de la reforma será la segmentación de la demanda habitacional. Esto permitirá atender no solo a los sectores más vulnerables, sino también a grupos medios que hoy no cuentan con soluciones, como aquellos que quedaron fuera de programas nacionales como el Procrear.

“Vamos a poder generar operatorias específicas según cada sector, incluyendo jóvenes o familias de ingresos medios, además de continuar con la atención a los sectores más vulnerables”, indicó.

Asimismo, el IPV busca incorporar herramientas financieras que actualmente no están contempladas en la ley, como leasing, comodatos, permutas de tierras y alquiler social. “Son mecanismos que ya intentamos implementar, pero que requieren respaldo legal claro para su aplicación”, explicó.

Alquiler social

Uno de los puntos centrales es el alquiler social, que ya comenzó a aplicarse mediante comodatos. Está dirigido principalmente a adultos mayores, personas con discapacidad o familias que no pueden afrontar el pago de una cuota tradicional.

“El Estado otorga el uso de la vivienda mediante un comodato con un monto ajustado a los ingresos de la persona. No es amortizable, pero si su situación económica mejora, puede acceder a la adjudicación”, detalló Montes.

La funcionaria explicó que esta modalidad busca evitar situaciones de morosidad que anteriormente derivaban en conflictos legales. “Antes adjudicábamos viviendas a personas que luego no podían pagar, y eso nos colocaba en una situación extrema. Hoy no estamos desalojando adjudicatarios”, remarcó.

En este esquema, entre un 20% y un 30% de las viviendas que se entreguen podrían destinarse a este tipo de soluciones, dependiendo de la demanda social existente al momento de cada adjudicación.

Obras en marcha y financiamiento

En cuanto a la ejecución de viviendas, Montes reconoció que las obras avanzan a un ritmo más lento debido a la reducción de recursos nacionales. Actualmente, el IPV sostiene proyectos con fondos propios provenientes del Fondo Nacional de la Vivienda.

“Tenemos alrededor de 500 viviendas en ejecución entre Río Grande y Ushuaia, pero con plazos más extendidos. Algunas podrían finalizar hacia fin de este año y otras durante el próximo”, precisó.

También señaló que en sectores como Chacra 9 las viviendas están prácticamente terminadas, restando trabajos de infraestructura.

Escrituraciones y problemas de mensura

Otro de los temas recurrentes abordados fue la demora en la entrega de escrituras. Montes explicó que muchas de estas demoras responden a cuestiones técnicas vinculadas a mensuras y regularización dominial, especialmente en sectores como Margen Sur.

“No es lo mismo trabajar sobre urbanizaciones planificadas que sobre ocupaciones. Hay requisitos municipales que deben cumplirse, como espacios verdes o compensaciones, lo que retrasa los procesos”, indicó.

No obstante, aseguró que el IPV continúa avanzando en la regularización y que, en algunos casos, se brindan soluciones alternativas para permitir operaciones como la venta de propiedades.

Finalmente, la presidenta del IPV recordó la importancia de mantener actualizados los legajos de inscripción y destacó que aquellas personas dadas de baja pueden reinscribirse y solicitar la recuperación de su antigüedad.

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