“La única manera que esto se vaya a levantar es que el Gobierno y la Caja comiencen a abonar los haberes en tiempo y forma”

Jorge Herrera, suboficial auxiliar retirado de la Policía Territorial, aseguró -en diálogo con Aire Libre FM- que la protesta frente a la Comisaría Primera continuará hasta que el Gobierno provincial y la Caja comiencen a pagar los haberes de retiro en tiempo y forma. Cuestionó el proyecto de emergencia previsional y denunció la falta de respuestas oficiales.

Policías territoriales retirados mantienen un acampe frente a la Comisaría Primera de Río Grande, ubicada en avenida Belgrano 750, en reclamo por la regularización de sus haberes de retiro. Según explicó Jorge Herrera, la medida transita su segunda semana y continuará hasta que se normalicen los pagos.

En diálogo con Aire Libre FM, Herrera señaló que hasta el momento no recibieron respuestas de las autoridades de la Jefatura ni de la Caja de Retiros y Jubilaciones. Si bien confirmó que mantuvieron reuniones con legisladores y que se aprobaron dos leyes vinculadas con la problemática, sostuvo que todavía esperan una solución concreta.

“La única manera que esto se vaya a levantar es que el Gobierno de la provincia y la Caja comiencen a abonar los haberes en tiempo y forma”, afirmó.

Cuestionamientos al proyecto de emergencia

Uno de los principales puntos señalados por Herrera fue el proyecto de emergencia presentado por el directorio de la Caja. El retirado cuestionó su contenido y consideró que deja afuera al personal de la antigua Policía Territorial.

“Para nosotros, últimamente está hecha una crisis que generaron a propósito para eliminar al personal de la Policía Territorial de la Caja”, manifestó.

En ese sentido, advirtió que la iniciativa contempla condiciones que, según su interpretación, perjudicarían a quienes mantienen reclamos judiciales por sus haberes.

Herrera sostuvo que el proyecto plantea que los beneficiarios deban renunciar a los juicios iniciados para acceder al cobro, y cuestionó que la situación pueda extenderse durante años.

Asimismo, señaló que los retirados presentaron ante la Legislatura un proyecto alternativo para buscar una solución definitiva a la problemática.

Reclamo por la deuda y los pagos

El suboficial auxiliar retirado indicó que el sector reconoce la existencia de una deuda acumulada, que estimó en 15 meses de haberes, además de los aguinaldos pendientes.

Sin embargo, aclaró que no exigen que la totalidad de la deuda sea cancelada de manera inmediata, sino que se establezca un mecanismo que permita normalizar los pagos y acordar un plan para saldar lo adeudado.

“Nosotros no pretendemos que paguen la deuda, o sea, todo, pero que generen un plan de pago o algo, pero que se regularicen los haberes”, expresó.

También cuestionó el rol del Gobierno provincial como garante de la Caja y consideró que existe una falta de respuestas frente a la situación que atraviesan los retirados.

Denuncias sobre el funcionamiento de la Caja

Durante la entrevista, Herrera apuntó contra el funcionamiento de la Caja y reclamó que se investiguen las causas del desfinanciamiento.

En particular, cuestionó que se responsabilice a los beneficiarios por la situación económica del organismo, mientras —según sostuvo— no se investigan las gestiones de los distintos directorios que estuvieron al frente.

Además, planteó objeciones sobre la representación de los trabajadores y retirados en el directorio, al afirmar que sus integrantes son designados por la Jefatura y el Gobierno provincial, y no elegidos por el personal policial.

La situación del personal en disponibilidad

Otro de los aspectos abordados fue la situación de efectivos que solicitaron el retiro y permanecen en disponibilidad mientras esperan que se complete la documentación correspondiente.

Herrera estimó que habría alrededor de 200 policías en esa condición y sostuvo que continúan cobrando como personal activo, aunque ya no cumplen funciones operativas.

A su entender, esta situación también repercute en la disponibilidad de recursos humanos para la seguridad pública, al señalar que esos lugares no generan vacantes para nuevos ingresos.

El entrevistado también manifestó que la cantidad de efectivos en actividad resulta insuficiente frente al crecimiento demográfico y las necesidades de cobertura de la provincia.

Presentaciones judiciales y pedido de respuestas

Respecto de las acciones judiciales, Herrera informó que un grupo de retirados realizó presentaciones ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, mientras que otros avanzan por la vía contencioso-administrativa.

En ese marco, cuestionó los tiempos de la Justicia y advirtió sobre las dificultades que enfrentan los beneficiarios de mayor edad para sostener los reclamos.

Por otra parte, mencionó que mantuvieron reuniones con legisladores que acompañaron sus planteos y que se aprobaron dos leyes vinculadas con la problemática, entre ellas una relacionada con la representación en el directorio.

También indicó que presentaron documentación en la Legislatura y que esperan avances respecto del proyecto alternativo y de un pedido de juicio político.

Finalmente, Herrera confirmó que el acampe continuará frente a la Comisaría Primera hasta que comiencen a regularizarse los haberes de retiro.

“El acampe no se va a levantar hasta que no se empiecen a regularizar los haberes de retiro del personal del territorio”, concluyó.