La Justicia investiga casi 60 amenazas en escuelas de Tierra del Fuego
El jefe de fiscales confirmó que la Justicia provincial ya investiga cerca de 60 denuncias por amenazas registradas en establecimientos educativos de Río Grande y Ushuaia, una cifra que se duplicó en pocos días y que genera creciente preocupación. En diálogo con AIRE LIBRE FM, el fiscal Eduardo Urquiza explicó que el avance de las investigaciones se encuentra condicionado por el sistema procesal vigente ya que Tierra del Fuego aún no cuenta con un sistema acusatorio.
“En Tierra del Fuego no tenemos un sistema acusatorio. Frente a una denuncia, los fiscales se limitan a realizar un requerimiento de instrucción para que se inicie una investigación destinada a determinar si existió el hecho denunciado y quiénes participaron”, señaló.
Actualmente, las investigaciones quedan bajo la órbita de los jueces de instrucción o de los jueces de familia cuando se presume que los responsables son menores de edad.
Investigación compleja y dificultades para identificar responsables
El fiscal explicó que muchas de las amenazas fueron realizadas dentro de los establecimientos escolares, lo que dificulta la identificación de los autores.
“En la inmensidad de los casos todavía no hay posibilidad de identificar a los responsables, especialmente cuando se trata de escritos amenazantes realizados dentro de las escuelas”, indicó.
Urquiza agregó que algunas denuncias están vinculadas a desafíos virales y publicaciones en redes sociales como TikTok, aunque aclaró que representan una menor proporción de los episodios investigados.
Menores de edad y cambios en la ley penal juvenil
Consultado sobre la responsabilidad de menores, el jefe de fiscales recordó que actualmente rige el sistema penal juvenil anterior, aunque en septiembre entrará en vigencia una nueva normativa que modificará sustancialmente el régimen.
“La ley actual diferencia responsabilidad penal y punibilidad. Puede existir responsabilidad sin que necesariamente haya una sanción penal”, explicó.
Según detalló, la nueva legislación establecerá responsabilidad penal para jóvenes de entre 14 y 18 años, independientemente del delito cometido, con penas que podrían alcanzar hasta 16 años de prisión.
Sin embargo, aclaró que seguirá existiendo un límite de inimputabilidad para menores de determinada edad.
Responsabilidad civil de los padres
Urquiza también se refirió al rol de los padres cuando los involucrados son menores: “Existe responsabilidad civil basada en la responsabilidad parental. Los padres tienen un deber de garantía respecto de las acciones y comportamientos de sus hijos”, afirmó.
El fiscal remarcó que, más allá de la responsabilidad penal individual, el Código Civil y Comercial contempla obligaciones para progenitores y tutores en relación con las conductas de los menores.
En ese sentido, destacó casos en Río Grande donde familias detectaron conductas preocupantes a tiempo y dieron aviso a las autoridades educativas. “Eso es lo esperable. La intervención temprana de los padres puede evitar que estas situaciones escalen”, concluyó.
(EN EL AUDIO, LA ENTREVISTA COMPLETA).
