Gracianía tras la reunión por el conflicto docente: “Entramos en un punto de no retorno”

La legisladora Natalia Gracianía habló con AIRE LIBRE FM luego de una comisión en la que participaron el ministro de Educación, Pablo López Silva, y el secretario general del SUTEF, Horacio Catena. La parlamentaria aseguró que salió del encuentro “con muchísima más preocupación” ante la falta de una salida al conflicto docente y responsabilizó principalmente al Gobierno provincial por no garantizar las clases. También cuestionó la continuidad de las medidas de fuerza y advirtió sobre el impacto educativo, social y comercial de una protesta que ya lleva varias semanas.

La extensa reunión en la Legislatura no dejó señales de acercamiento entre el Gobierno y el SUTEF. Por el contrario, para Natalia Gracianía, el escenario quedó todavía más complicado después de escuchar directamente las posiciones del ministro Pablo López Silva y de Horacio Catena.

“Terminamos una comisión con la sensación de muchísima más preocupación que como la iniciamos”, reconoció.

La convocatoria tenía entre sus objetivos analizar proyectos vinculados al financiamiento educativo, pero el conflicto que mantiene sin clases a numerosos estudiantes terminó ocupando buena parte de la discusión.

“Estamos hablando de seis semanas consecutivas de un paro, que es por tiempo indeterminado y que está teniendo como principales perjudicados a los estudiantes de Tierra del Fuego”, sostuvo.

Según relató Gracianía, ninguno de los dos sectores transmitió durante el encuentro señales concretas de una pronta solución.

“Lamentablemente ni el gremio ni el Gobierno manifestaron que haya alguna posibilidad a la vista de resolver este conflicto, que lleva demasiado tiempo y que ha escalado de una manera realmente muy preocupante”, afirmó.

Para la legisladora, el punto más grave es que los alumnos siguen sin acceder con normalidad a un derecho que debería estar garantizado por el Estado.

“No están pudiendo tener este derecho constitucional que es el de la educación, que debería estar garantizado principalmente por el Ministerio de Educación”, remarcó.

Durante la comisión, Gracianía planteó directamente al ministro por qué el Gobierno no recurrió a herramientas legales para intentar normalizar el dictado de clases mientras continuaban las negociaciones salariales.

“Le preguntamos al ministro de Educación por qué no ha utilizado las herramientas legales que tiene, como por ejemplo una conciliación obligatoria”, señaló.

La legisladora cuestionó además que, según lo expresado durante la reunión, el gremio había anticipado con alrededor de un mes de anticipación que iniciaría un paro por tiempo indeterminado después del receso invernal, mientras que las negociaciones comenzaron recién con el inicio de la medida de fuerza.

“No solamente perdieron un mes en el que podían haber tratado de negociar, de encontrar algún tipo de solución, sino que además eligieron, porque esta es una decisión política, no utilizar ninguna de las herramientas legales que tienen”, afirmó.

Y agregó que, mientras se desarrollara la discusión salarial, el objetivo debería haber sido mantener a los estudiantes en las escuelas: “Que los chicos estuvieran donde tienen que estar, que es en las aulas”.

Pero sus críticas también alcanzaron al SUTEF. Gracianía contó que pidió personalmente a Catena que revisara la continuidad de la protesta.

“Le pedí insistentemente a Horacio Catena que tuviera consideración del daño que está generando, que es un daño irreparable en todos los estudiantes de los niveles educativos de las escuelas públicas, con esta medida de fuerza que están llevando adelante, de manera absolutamente desproporcionada”, expresó.

Según indicó, el dirigente gremial ratificó que mantendrán la medida.

“El gremio no tiene ninguna intención de volver a dar clases porque lo dijeron claramente en la comisión: dijeron que van a sostener esta medida de fuerza”, aseguró.

En el encuentro también estuvieron presentes padres de Tolhuin, quienes reclamaron respuestas tanto al Gobierno como al sindicato. “Le solicitaron lo mismo, tanto al ministro de Educación como al secretario general Horacio Catena, sin obtener ningún tipo de resultado positivo”, relató.

El conflicto que ya excede las aulas

Para Gracianía, las consecuencias de la protesta comenzaron a alcanzar también otros sectores. Mencionó especialmente el acampe y las restricciones a la circulación en calle San Martín de Ushuaia, donde comerciantes expusieron el impacto que la situación tendría sobre su actividad.

“Llegamos a un punto tal en el cual parece que Horacio Catena tiene la potestad de decidir no solamente cuándo hay clases y cuándo no en Tierra del Fuego, sino cuándo se puede transitar libremente por la calle San Martín de la ciudad de Ushuaia”, cuestionó.

También criticó la falta de intervención de otros niveles del Estado.

“Me llama mucho la atención que tampoco desde la Municipalidad de Ushuaia hayan tomado ningún tipo de intervención; desde el Gobierno de la Provincia no solamente que no tomaron intervención para garantizar las clases, ni siquiera para garantizar la libre circulación por la calle San Martín”, manifestó.

La legisladora planteó que el conflicto educativo ya tiene consecuencias sobre familias, estudiantes y sectores económicos.

“Esta protesta que está llevando adelante el SUTEF y la modalidad que eligió para llevarla adelante está generando un daño en terceros, principalmente los estudiantes, pero también en los sectores productivos”, expresó.

A su entender, la discusión llegó a una instancia que requiere una decisión política inmediata.

“Entramos en un punto de no retorno en el que yo espero que los actores fundamentales, especialmente el Gobierno de la Provincia a través del gobernador, que es la máxima autoridad política, y a través del ministro de Educación, López Silva, tomen cartas en el asunto”, reclamó.

Gracianía insistió en que los días perdidos tendrán consecuencias que no podrán corregirse completamente.

“El impacto que esto está teniendo se va a ver a corto, mediano y largo plazo en cada uno de los estudiantes que no va a poder recuperar los días de clase”, sostuvo.

Consultada específicamente sobre quién debe asumir la responsabilidad política por la situación, no dudó.

“En primer lugar, el Gobierno de la Provincia, porque la educación es una materia delegada a la Provincia y es responsabilidad del Gobierno de la Provincia garantizar este derecho constitucional de los estudiantes”, respondió.

Para la legisladora, la discusión salarial, el financiamiento educativo y los proyectos que están en tratamiento pueden y deben continuar, pero con una condición.

“Todo eso se debe discutir con los chicos en las aulas. Esto se lo dijimos al gremio en reiteradas oportunidades y no me voy a cansar de repetirlo. Los chicos tienen que estar en las aulas y después abrimos la discusión de todos los debates que se tengan que dar”, concluyó.

(EN EL AUDIO LA ENTREVISTA COMPLETA)