Gracianía destacó el diálogo con Nación y cuestionó el proceso de selección del Defensor de Niñez

La legisladora provincial Natalia Gracianía valoró el acercamiento institucional entre el Gobierno de Tierra del Fuego y la administración nacional, al considerar que el restablecimiento del diálogo es una herramienta necesaria para generar oportunidades y resolver problemas que afectan a la provincia. “Es absolutamente necesario que exista un diálogo institucional entre el Gobierno Nacional y el Gobierno Provincial. Es algo que siempre planteé porque resulta beneficioso para Tierra del Fuego”, sostuvo en diálogo con AIRE LIBRE FM.

La parlamentaria señaló que el Gobierno Nacional mantuvo en distintas oportunidades la voluntad de diálogo con las provincias y consideró que una relación más fluida desde el inicio de la gestión podría haber permitido avanzar en herramientas y oportunidades para el desarrollo fueguino.

En ese sentido, mencionó el tratamiento del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) como uno de los ejemplos donde, a su entender, la falta de diálogo político demoró discusiones importantes para la provincia.

Asimismo, destacó las gestiones que se encuentran realizando dirigentes fueguinos ante organismos nacionales para impulsar proyectos destinados al sector productivo, entre ellos una iniciativa para simplificar los mecanismos de exportación de pequeñas y medianas empresas de Tierra del Fuego hacia el continente.

Sin embargo, uno de los principales cuestionamientos de la legisladora estuvo centrado en el concurso para la designación del Defensor Provincial de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.

Gracianía expresó preocupación por la cantidad de postulantes que fueron excluidos durante la etapa de admisión. Según detalló, de las 63 personas inscriptas, 45 quedaron fuera del proceso y, de ese total, 38 habrían sido rechazadas por no acreditar correctamente la residencia continua de cinco años en la provincia.

“Es un número muy alto. Hay personas que nacieron en Tierra del Fuego o que viven desde hace muchos años en la provincia y que aseguran haber presentado toda la documentación requerida”, afirmó.

Ante esta situación, presentó una nota formal solicitando que se suspendan los plazos del concurso para revisar los criterios utilizados por la comisión evaluadora y garantizar la transparencia del procedimiento.

“Lo que pido es que las reglas sean claras para todos los postulantes. No estoy defendiendo a ninguna persona en particular, sino la transparencia de un concurso público que debe desarrollarse sin dudas ni sospechas”, remarcó.

La legisladora explicó que la Defensoría de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes es un organismo de gran relevancia institucional, ya que quien resulte designado ejercerá el cargo durante cinco años y tendrá la responsabilidad de velar por la protección de los derechos de la infancia y adolescencia en Tierra del Fuego.

Asimismo, invitó a los postulantes excluidos que consideren que hubo errores en la evaluación de sus antecedentes a presentar los reclamos correspondientes ante la Legislatura y la comisión evaluadora para que cada situación pueda ser revisada.

Finalmente, sostuvo que la transparencia debe ser una obligación en todo concurso público y advirtió que el proceso no puede desarrollarse bajo un clima de incertidumbre o sospechas.

“No podemos permitir que un concurso de esta importancia genere dudas. La elección del futuro defensor debe realizarse con absoluta transparencia y garantizando igualdad de oportunidades para todos los participantes”, concluyó.

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