El Gobierno fueguino reafirmó su compromiso en defensa de la soberanía en Malvinas
Desde el Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur destacaron el cambio de posición expresado por el Gobierno Nacional respecto de la defensa de los legítimos derechos soberanos de la República Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes.
Señalaron en un documento: «La Provincia acompaña toda decisión orientada a consolidar un frente nacional, político e institucional que permita avanzar desde las declaraciones hacia acciones concretas frente a la ocupación británica y la explotación ilegítima de nuestros recursos naturales. Se trata, precisamente, de una política que Tierra del Fuego viene reclamando desde hace años y planteando de manera sostenida ante el Gobierno Nacional y la Cancillería.
En este sentido, valoramos que el Gobierno Nacional reconozca la necesidad de fortalecer la presencia argentina en el Atlántico Sur. La conformación y puesta en funcionamiento de la Base Naval Integrada constituye una herramienta relevante para ese objetivo y reafirma una convicción que nuestra Provincia sostiene desde hace tiempo: la centralidad geopolítica del Atlántico Sur y la condición bicontinental de la Argentina requieren políticas de Estado permanentes, recursos adecuados y una presencia efectiva en la región.
Sin embargo, entendemos que esta estrategia debe ser integral. Por ello, reiteramos el histórico reclamo de Tierra del Fuego para acceder a las tierras necesarias para desarrollar el Polo Logístico Antártico. Su proyección comercial, científica, logística y de servicios requiere una conducción civil y provincial que complemente la infraestructura destinada a la defensa nacional y, al mismo tiempo, fortalezca las capacidades productivas, científicas y logísticas de la Provincia.
Defensa, desarrollo y proyección antártica deben formar parte de una misma estrategia nacional, con pleno respeto por las competencias y responsabilidades de cada jurisdicción.
La firmeza que comienza a expresarse frente a la situación del Atlántico Sur debe traducirse también, de manera urgente, en la resolución de las cuestiones pendientes que afectan directamente nuestra soberanía y nuestra seguridad.
Una verdadera política de Estado para el Atlántico Sur exige, asimismo, proteger nuestros recursos naturales y adoptar todas las medidas necesarias frente a quienes contribuyan, directa o indirectamente, a su explotación ilegítima. Los recursos existentes en los espacios marítimos correspondientes a nuestras Islas pertenecen al pueblo argentino y forman parte de los derechos soberanos que la Nación debe defender mediante todos los instrumentos jurídicos disponibles.
Con esa convicción, el Gobierno Provincial impulsará ante la Legislatura un nuevo marco normativo destinado a impedir que empresas nacionales o extranjeras utilicen territorio, infraestructura o capacidades logísticas bajo jurisdicción provincial para asistir actividades vinculadas con la ocupación británica o con la exploración y explotación ilegítima de nuestros recursos naturales.
La iniciativa establecerá mecanismos específicos para identificar y sancionar operaciones de transporte, abastecimiento, asistencia técnica y apoyo logístico vinculadas con dichas actividades, y fortalecerá las facultades provinciales para adoptar medidas fiscales, patrimoniales y comerciales frente a quienes participen del sostenimiento material de la explotación ilegítima de recursos argentinos.
Tierra del Fuego no puede ni debe convertirse en plataforma logística de quienes contribuyen al aprovechamiento ilegítimo de recursos que pertenecen a nuestro país.
Pero ninguna estrategia será suficiente si las medidas internas no son acompañadas por una política diplomática y jurídica sostenida en el plano internacional.
En este marco, resulta necesario que la República Argentina profundice las acciones destinadas a denunciar las actividades unilaterales británicas en el área en disputa y a defender, ante los organismos internacionales correspondientes, el pleno cumplimiento de las resoluciones de las Naciones Unidas relativas a la Cuestión Malvinas.
Frente al avance de la exploración y explotación hidrocarburífera en el área en disputa, nuestro país debe llevar nuevamente esta situación a consideración de la comunidad internacional y exponer la gravedad de aquellas acciones unilaterales, contrarias al proceso recomendado por las Naciones Unidas.
Al mismo tiempo, la Argentina debe desplegar una estrategia diplomática destinada a reunir los apoyos internacionales necesarios para evaluar e impulsar las vías judiciales y jurisdiccionales disponibles que permitan procurar la suspensión del avance de la explotación hidrocarburífera ilegítima.
Si existe la posibilidad de que comiencen actividades de explotación de nuestros recursos en los próximos años, la respuesta no puede llegar cuando el daño ya se haya consumado. La Argentina debe utilizar, de manera coordinada, todos los instrumentos políticos, diplomáticos y jurídicos que ofrece el Derecho Internacional para defender sus derechos soberanos e intentar impedir la consolidación de hechos consumados.
Para construir genuinamente una política de Estado sobre la Cuestión Malvinas, consideramos igualmente indispensable la urgente reactivación del Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, creado por ley como ámbito plural e interinstitucional destinado a contribuir a la elaboración de políticas de mediano y largo plazo.
Resulta difícil justificar que, ante un escenario de creciente actividad británica en el Atlántico Sur y de avance sobre nuestros recursos naturales, el principal ámbito institucional concebido para contribuir al diseño de una estrategia nacional permanezca paralizado.
Desde el Gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur solicitaremos formalmente al Poder Ejecutivo Nacional una mayor apertura al diálogo y una participación efectiva de nuestra Provincia en la definición de estas políticas.
No reclamamos un lugar meramente consultivo. Reclamamos el lugar institucional que corresponde a la Provincia directamente involucrada.
Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y sus espacios marítimos e insulares correspondientes son, por mandato constitucional, parte indivisible del territorio provincial. Por ello, Tierra del Fuego no puede quedar al margen de las decisiones que afectan directamente a su territorio, sus recursos y su proyección estratégica.
Nuestra Provincia ya ha dado pasos concretos en defensa de los derechos soberanos argentinos y de nuestros recursos naturales, entre ellos la presentación realizada ante la Autoridad de Valores de Israel respecto de las actividades de empresas vinculadas con la explotación hidrocarburífera en el área en disputa.
En este nuevo escenario, convocamos al Gobierno Nacional a acompañar y respaldar institucionalmente las acciones que la Provincia ya ha puesto en marcha, fortaleciendo una estrategia común destinada a defender nuestros derechos soberanos, proteger nuestros recursos naturales y reafirmar la presencia argentina en el Atlántico Sur.
Tierra del Fuego reafirma su compromiso con una política de Estado que coloque a la soberanía, la defensa de los recursos naturales, el desarrollo del Atlántico Sur y la proyección antártica en el centro de la agenda nacional».
