Deuda a ex policías territoriales: “El fallo es de primera instancia, el conflicto continúa”

Un grupo de jubilados continúa a la espera de una definición judicial en torno al reclamo por el pago de haberes adeudados por parte de la caja previsional, en un conflicto que ya lleva diez meses sin resolución. Según explicaron, los fallos previos tanto en primera instancia como en la Cámara de Apelaciones no fueron favorables, por lo que decidieron avanzar con una nueva presentación ante el Superior Tribunal de Justicia, donde actualmente se encuentra la causa. “Esperamos y rogamos que el Superior Tribunal se expida”, señalaron.

El reclamo puntual se centra en el pago del 50% de los haberes que, aseguran, no están percibiendo. Se trata de aportes realizados a la caja de previsión regulada por la Ley 834, los cuales consideran “genuinos” y correspondientes. “No estamos pidiendo aumentos ni mejores condiciones, solo que se cumpla la ley y se nos pague lo que aportamos”, remarcaron.

Además, señalaron que la deuda lleva diez meses e incluye el aguinaldo completo del año 2025, tanto de junio como de diciembre. “Estamos entrando al décimo mes sin cobrar esa parte”, detallaron.

Los jubilados también cuestionaron declaraciones recientes del gobernador, quien habría mencionado la existencia de una “caja complementaria”. Según afirmaron, esa información es incorrecta. “Existe una sola caja de previsión, y nosotros somos parte de ella. No puede desinformar a la opinión pública”, expresaron.

En relación a los aportes, explicaron que durante toda su carrera realizaron contribuciones e incluso continuaron haciéndolo tras jubilarse, con un descuento del 8%. Sin embargo, actualmente no pueden seguir aportando debido a la falta de pago de sus haberes.

Por último, remarcaron que el reclamo busca visibilizar una situación que afecta a unos 540 jubilados, quienes temen quedar en el olvido. “El Poder Ejecutivo nos ha dejado de lado. Somos el último vagón del tren”, graficaron.

A pesar del contexto económico y la incertidumbre, insistieron en que su pedido no está ligado a la coyuntura financiera, sino al cumplimiento de derechos adquiridos. “Solo exigimos que se respete la ley”, concluyeron.

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