Policías territoriales retirados cuestionan el proyecto de emergencia de la Caja y advierten que perjudicaría sus haberes

Marisa Fontana, Pedro Ponce y Aníbal Espósito, representantes de policías territoriales retirados, dialogaron con AIRE LIBRE FM y expresaron su preocupación por el proyecto de ley de emergencia presentado por las autoridades de la Caja de Previsión y Compensadora de la Policía ante la Legislatura provincial. Sostuvieron que la iniciativa perjudicaría tanto al personal retirado como a quienes actualmente se encuentran en actividad y reclamaron ser escuchados por los legisladores antes de que avance su tratamiento.

Fontana explicó que el jueves pasado pudieron ingresar a la Legislatura, en Ushuaia, para escuchar la presentación realizada por las autoridades de la Caja, aunque cuestionó que no hayan tenido la posibilidad de exponer su propia postura.

Según indicó, uno de los principales cuestionamientos tiene que ver con los procedimientos utilizados para declarar la emergencia. Sostuvo que la Caja ya había adoptado decisiones administrativas vinculadas con el pago de los haberes y que el proyecto plantea un período de emergencia de dos años, con posibilidad de una prórroga por otros dos.

Además, señaló que existen antecedentes de informes que, según manifestó, advertían sobre problemas de administración, falta de documentación respaldatoria y balances sin comprobantes suficientes.

«Esto no surgió ahora. Ya hay informes de años anteriores donde se señala que la Caja está mal administrada y que no hay documentación que sustente los movimientos», expresó.

La representante también advirtió que la redacción del proyecto podría alcanzar a policías provinciales y penitenciarios, tanto en actividad como retirados, y no solamente a los integrantes del sector territorial.

Reclaman que se respeten los derechos adquiridos

Por su parte, Aníbal Espósito manifestó su preocupación por las consecuencias que podría tener la iniciativa y cuestionó especialmente los artículos vinculados con los reclamos judiciales.

Explicó que, según su interpretación del proyecto, quienes hayan iniciado acciones judiciales por falta de pago deberían desistir de esos procesos para acceder a los beneficios contemplados en la propuesta.

«Es ridículo que se vaya a aprobar una ley que vaya en contra de una sentencia judicial. Además, hemos tenido en cuenta que los policías territoriales aportamos mucho más que cualquier otro policía de la provincia», sostuvo.

Espósito recordó que algunos integrantes del sector acumulan entre 30 y 38 años de aportes y consideró que debe reconocerse la trayectoria laboral de quienes pertenecieron a la antigua estructura territorial y luego pasaron a depender de la Provincia.

En ese sentido, mencionó las leyes provinciales 1627 y 1628, que, según explicó, reconocen años de servicio y plantean alternativas para atender parte de la situación que atraviesan los retirados.

También cuestionó las diferencias que, según indicó, existen entre los haberes de policías provinciales y los de origen territorial con igual jerarquía y cantidad de años de servicio.

Preparan un documento para los legisladores

Fontana adelantó que un grupo de mujeres vinculadas al reclamo se encuentra elaborando un documento que será enviado a cada uno de los legisladores provinciales.

El objetivo es explicar por qué consideran que el proyecto, en caso de aprobarse con su redacción actual, perjudicaría a distintos sectores del personal policial.

Asimismo, recordó que los policías de origen territorial realizaron aportes del 12% a la Caja de la Policía Federal y que, desde el traspaso a la Provincia en 1992, comenzaron a aportar el 13%, al igual que los demás integrantes de la fuerza provincial.

«Si vos y yo hacemos el mismo trabajo, trabajamos los mismos años, aportamos lo mismo y nos vamos juntos, tu recibo y el mío tienen que tener el mismo importe. Sin embargo, con ellos no. Quiere decir que hay un dinero que no está», planteó.

Los entrevistados señalaron que hasta el momento no fueron convocados formalmente por las comisiones legislativas para exponer sus objeciones, aunque destacaron el acompañamiento que recibieron de la legisladora que mencionaron durante la entrevista como García.

Endeudamiento y reclamos por los haberes

Durante el diálogo con AIRE LIBRE FM, los retirados también describieron las dificultades económicas que atraviesan desde que dejaron de percibir parte de sus ingresos.

Ponce explicó que muchos de los integrantes del sector asumieron compromisos financieros y créditos bancarios en función de los haberes que cobraban regularmente, pero que la interrupción de esos pagos modificó completamente su situación económica.

«Todos sacamos créditos, tenemos deudas en el banco porque nos comprometimos porque estábamos cobrando esa plata y, de repente, a las ocho de la mañana nos sacan eso. Entonces estamos endeudados», manifestó.

También mencionaron que existen fallos judiciales favorables a algunos compañeros y expresaron su preocupación por los plazos y las posibles apelaciones de la Caja.

Cuestionamientos a la administración de la Caja

En otro tramo de la entrevista, Fontana rechazó que el reclamo sea una disputa entre policías territoriales y provinciales. Sostuvo que el problema debe analizarse desde la historia institucional y administrativa de la Caja.

Recordó que desde 2004 vienen realizando presentaciones y denuncias, además de solicitar intervenciones ante distintas situaciones vinculadas con el funcionamiento del organismo.

También cuestionó que el proyecto contemple un incremento del 3% en los aportes de policías provinciales y penitenciarios, tanto activos como retirados, y que los futuros aumentos de haberes puedan abonarse con dos meses de demora, sujetos a la disponibilidad de fondos de la Caja.

«Esta ley es un blindaje para los directores que se fueron, los directores que están y los que vendrán», afirmó.

Finalmente, los representantes de los policías territoriales retirados adelantaron que continuarán atentos al tratamiento legislativo del proyecto y buscarán mantener reuniones con los legisladores para presentar sus observaciones.

Insistieron en que necesitan una respuesta concreta a sus reclamos y que se respeten los derechos que consideran adquiridos durante sus años de servicio y aportes.