Altos de la Patagonia: avanzan en paralelo las causas penal y civil por el reclamo de 60 familias

El abogado Paulino Rossi, representante de un grupo de damnificados, destacó en AIRE LIBRE FM el avance de la causa civil y explicó que la investigación penal espera una resolución del Superior Tribunal de Justicia. Hay cinco exintegrantes de la comisión directiva de la Caja Previsional y dos empresarios en calidad de investigados. Las familias reclaman el resarcimiento por terrenos que fueron abonados pero nunca entregados.

La causa judicial vinculada al fideicomiso Altos de la Patagonia, en Río Grande, atraviesa dos instancias paralelas: una investigación penal caratulada como estafa y una demanda civil impulsada por familias que pagaron terrenos que finalmente no fueron entregados.

En diálogo con Aire Libre FM, el abogado Paulino Rossi, quien representa actualmente a 12 de las familias damnificadas, explicó que la investigación penal logró avanzar hasta el pedido de indagatoria de quienes integraban la comisión directiva de la Caja Previsional al momento de concretarse la operatoria, junto con los empresarios privados vinculados al fideicomiso.

“Tenemos dos líneas que estamos avanzando, una es la penal, en la cual está caratulado como estafa”, explicó Rossi.

Según detalló, son cinco integrantes de la comisión directiva de la Caja y dos empresarios los que se encuentran alcanzados por la investigación. Entre estos últimos se encuentran Walter Prieto, señalado como administrador del fideicomiso, y Walter Agra, vinculado a Financar.

El avance de las indagatorias fue recurrido por las defensas y actualmente el expediente se encuentra a la espera de una definición del Superior Tribunal de Justicia.

Rossi sostuvo que ya hubo resoluciones favorables en las instancias anteriores y que el planteo de las defensas estuvo relacionado principalmente con la prescripción de la acción penal.

“Plantearon prescripción, pero quedó claramente demostrado en las primeras dos instancias que no está prescripta”, afirmó.

El abogado aclaró que una eventual declaración indagatoria no implica una condena, sino una instancia procesal en la que los investigados tienen la posibilidad de ejercer su defensa ante el juez.

El reclamo civil

En paralelo, Rossi destacó como un avance significativo el comienzo del proceso en el fuero civil para reclamar el resarcimiento económico a las familias.

La demanda tiene como co-demandados a la Caja Previsional, Financar y Walter Prieto, y busca obtener una reparación por los daños derivados de la adquisición de terrenos que, pese a haber sido abonados, nunca fueron entregados.

“Logramos que la primera audiencia en el fuero civil para lograr que se dicte una sentencia por el resarcimiento de los daños ocasionados por el pago de ese terreno que nunca fue entregado”, explicó.

El proceso tramitará mediante un juicio sumarísimo en el marco de la Ley de Defensa del Consumidor, lo que implica un procedimiento más acotado que un juicio ordinario.

De acuerdo con Rossi, durante noviembre está prevista la producción de prueba y posteriormente el expediente quedaría en condiciones de avanzar hacia una sentencia.

“Al ser un juicio sumarísimo es procesalmente el juicio más rápido y acotado”, señaló.

60 familias damnificadas

El abogado indicó que actualmente son aproximadamente 60 familias las que se consideran damnificadas, aunque su representación alcanza por el momento a 12 de ellas.

Respecto del monto del reclamo, explicó que los terrenos se encontraban entre los de mayor valor de la ciudad y estimó que el valor actual de referencia podría ubicarse entre 15.000 y 20.000 dólares por lote, aunque aclaró que los valores deberán actualizarse.

“Multiplicado por la cantidad de damnificados, realmente es una cifra muy importante”, sostuvo.

El reclamo no se limita, según explicó, a una discusión sobre el valor original de los terrenos, sino al resarcimiento correspondiente por haber pagado por una propiedad que nunca fue entregada.

Diez años de reclamos

Rossi ubicó el origen del conflicto hace aproximadamente diez años y describió un largo recorrido judicial por parte de los damnificados. Según relató, algunas familias comenzaron a reclamar inmediatamente después de finalizar el pago de sus terrenos. Posteriormente, las oficinas vinculadas al emprendimiento dejaron de funcionar y los compradores dejaron de obtener respuestas.

“Cuando terminó de pagar el terreno empezó a reclamar, empezó a mandar cartas documento, de pronto se desapareció de la oficina, porque cerraron las oficinas y desaparecieron de la faz de la tierra”, relató.

El abogado recordó además que inicialmente intentaron avanzar mediante una demanda colectiva, pero esa estrategia fue posteriormente dejada sin efecto y se ordenó avanzar mediante demandas individuales.

Para Rossi, el comienzo del proceso sumarísimo constituye uno de los primeros avances concretos que los damnificados pueden considerar favorable después de una década de reclamos y obstáculos procesales.

“Ahora tener la posibilidad de tener un hito como es la posibilidad de poder fijar el objeto y avanzar a un juicio sumarísimo, es una excelente noticia para gente que hace años está esperando una respuesta”, sostuvo.

Dos procesos independientes

El abogado aclaró que las vías penal y civil son independientes. Sin embargo, consideró que ambos avances representan un paso importante para las familias que llevan una década esperando una resolución.

En el fuero penal, resta que el Superior Tribunal de Justicia se expida sobre los planteos realizados y, si corresponde, se establezca la fecha para las declaraciones indagatorias.

En el fuero civil, en tanto, el proceso apunta directamente a determinar la responsabilidad y eventual resarcimiento económico de los tres co-demandados: la Caja Previsional, Financar y Walter Prieto.

Rossi remarcó que, de obtenerse una sentencia favorable y ante un eventual incumplimiento, será posteriormente materia de análisis contra cuál de los responsables se podrán ejecutar las obligaciones establecidas judicialmente.

El conflicto de Altos de la Patagonia lleva así alrededor de una década sin que las familias que abonaron por los terrenos hayan recibido los lotes comprometidos. Ahora, la causa vuelve a mostrar movimiento en los dos frentes judiciales: el penal, donde se busca determinar eventuales responsabilidades por la presunta estafa, y el civil, donde los damnificados buscan finalmente obtener un resarcimiento económico.–