Juicio por ventas de viviendas de ATE: La defensa asegura que «Carlos Córdoba nunca recibió dinero»

«No hay pruebas directas ni concretas que vinculen a Carlos Córdoba con la recepción o manejo del dinero; su rol fue institucional, no delictivo», dijo la doctora Marisel Banegas. La abogada defensora del dirigente gremial sostuvo en AIRE LIBRE FM que «las operaciones económicas las realizó otra persona señalada por los damnificados. Córdoba intervino solo para canalizar reclamos sociales y no participó dolosamente en ninguna estafa», apuntó.

La abogada comenzó señalando que «esta defensa entiende que, luego de analizar íntegramente los testimonios, no existe una vinculación directa y concreta de Carlos Córdoba en la recepción material del dinero. O sea, eso no lo digo yo ni lo dice una persona en particular, lo dice el expediente. Lo que aparece en muchos relatos son referencias indirectas, percepciones o asociaciones derivadas de su rol institucional dentro de ATE, pero jurídicamente hay una diferencia muy importante entre generar confianza institucional y participar penalmente en una maniobra defraudatoria.
La propia investigación muestra que las operaciones económicas eran realizadas principalmente por otra persona, que fue señalada directamente por todos los damnificados que pudimos escuchar, y que las audiencias fueron públicas».

«Desde los mismos relatos de los mismos damnificados -apuntó-, se da cuenta dónde empezó y dónde terminó la maniobra del dinero.
Incluso hay una causa por lavado, había una causa por lavado de dinero. Ese lavado de dinero se produce porque no se podía justificar de dónde salían esos montos para comprar maquinarias, camiones.
Y después, en la investigación inteligente del fiscal, se ve que ese dinero, que fue de las estafas que sufrieron las personas, se compró esa maquinaria, el producto fue ese».

Consideran que Miguel Arana, desde la defensa, intenta desligarse de las responsabilidades al apuntar contra Córdoba en la declaración que hizo?

«Sí, en realidad, la defensa entiende que toda la declaración debe analizarse con prudencia y con contexto. Miguel Arana enfrenta una situación penal compleja, y, obviamente, cada imputado desarrollará su estrategia, su defensa.
Lo importante aquí no son las afirmaciones aisladas, sino la prueba objetiva. Y hasta el momento, no existe prueba concreta que acredite que Carlos Córdoba haya recibido dinero, organizado operaciones patrimoniales o tenido un dominio funcional sobre los hechos que se investigan».

¿Cómo explica las reuniones realizadas en sede de ATE con personas que reclamaban por viviendas?

«Precisamente, esas reuniones muestran algo muy distinto a una maniobra clandestina. Porque cuando comenzaron los reclamos de personas que se sentían perjudicadas en su patrimonio, Córdoba intervino institucionalmente intentando canalizar las soluciones a los pedidos ante organismos públicos, que es como lo explicaron algunos de los damnificados también, porque ellos incluso dijeron que lo conocieron a Carlos Córdoba después, cuando se dan cuenta de que estaban entregando las viviendas y a ellos no se los convocaba.
Y eso es compatible con el rol de un dirigente sindical que recibe reclamos sociales, no necesariamente con una conducta criminal. Una cosa es atender a personas o gestionar reclamos, y otra muy distinta, es haber participado dolosamente de una estafa».

Doctora, ¿usted sostiene que Córdoba desconocía por completo las presuntas maniobras denunciadas?

«Sí, como defensa sostenemos que no existe prueba suficiente para afirmar que Carlos Córdoba haya tenido conocimiento cierto y participación dolosa en las maniobras concretas que se investigan.
Entendemos que en penal no alcanza con decir que alguien debía saber por el cargo que ocupa, el conocimiento y la participación deben probarse con evidencia concreta, y entendemos que esa prueba no apareció en el debate, y este proceso viene hace 8 años de investigación».

¿La decisión de no declarar por parte de Carlos Córdoba responde exclusivamente a una estrategia procesal?

«Sí, en principio sí.
Pero el derecho a declarar o guardar silencio es una garantía constitucional y no puede interpretarse en perjuicio del imputado porque Carlos Córdoba ha estado siempre a disposición de la justicia durante todos estos años, y la defensa consideró que la prueba producida ya nos va a permitir demostrar claramente nuestra posición.
El ejercicio de un derecho constitucional jamás puede ser leído como un reconocimiento de responsabilidad, como por ahí se lo puede tomar desde el desconocimiento del derecho.
Pero ajustándonos a la normativa, es un derecho que se está ejerciendo y esto sería también en principio».

Desde la defensa creen que hubo internas sindicales o intereses políticos que influyeron en algunas acusaciones?

«Desde esta defensa elegimos no politizar este proceso ni desviar el eje central del proceso.
Lo que sí sostenemos es que Carlos Córdoba ocupa un rol institucional muy visible, y eso naturalmente genera una fuerte exposición pública. Pero más allá de cualquier contexto externo, este caso debe resolverse exclusivamente sobre la base de la prueba producida y conforme a derecho».

Por último, la doctora sostuvo que «esta defensa sostiene que no puede condenarse a una persona por un cargo o por percepciones o por asociaciones indirectas, sino únicamente sobre la base de la prueba concreta y concluyente. Y confiamos en que el Tribunal resolverá con objetividad, prudencia y apego a las garantías constitucionales.
Me imagino que todos quieren saber la verdad, todos quieren que se haga justicia, y este proceso surgió a partir de la denuncia que hizo Carlos Córdoba, y por ahí surgiría un interrogante, quién, habiendo cometido un acto reprochable, va a ir a realizar una denuncia que en algún momento va a recaer sobre sí mismo.
Eso por ahí también nos debería llevar a pensar, porque fue Carlos Córdoba quien hizo la denuncia y quien nos invitó a todos y cada uno de los que iban a reclamar a ATE a que se sumen a la denuncia para que se esclarezca la situación».