Juicio por ventas de viviendas de ATE: La defensa asegura que “Carlos Córdoba nunca recibió dinero”

“No hay pruebas directas ni concretas que vinculen a Carlos Córdoba con la recepción o manejo del dinero; su rol fue institucional, no delictivo”, dijo la doctora Marisel Banegas. La abogada defensora del dirigente gremial sostuvo en AIRE LIBRE FM que “las operaciones económicas las realizó otra persona señalada por los damnificados. Córdoba intervino solo para canalizar reclamos sociales y no participó dolosamente en ninguna estafa”, apuntó.

En una entrevista con AIRE LIBRE FM, Banegas subrayó que “el rol de Córdoba fue institucional, no delictivo”. Según la abogada, las operaciones económicas fueron realizadas por otra persona, identificada por los damnificados, mientras que Córdoba solo intervino para canalizar reclamos sociales, sin participar de manera dolosa en ninguna estafa.

Banegas destacó que, tras un exhaustivo análisis de los testimonios, no hay evidencia que indique que Córdoba haya recibido materialmente el dinero en cuestión. “Lo que aparece en muchos relatos son referencias indirectas y percepciones derivadas de su rol institucional dentro de ATE”, explicó, enfatizando que “jurídicamente hay una diferencia muy importante entre generar confianza institucional y participar penalmente en una maniobra defraudatoria”.

La abogada también afirmó que la investigación ha mostrado que las operaciones económicas eran conducidas principalmente por otra persona, señalada directamente por los damnificados. “Los relatos indican claramente dónde comenzó y dónde terminó la maniobra del dinero”, añadió, haciendo referencia a una causa por lavado de dinero vinculada a la adquisición de maquinaria con fondos provenientes de las estafas.

Al ser consultada sobre si la defensa considera que Miguel Arana, otro implicado, intenta desligarse de responsabilidades al apuntar hacia Córdoba, Banegas afirmó que es fundamental analizar todas las declaraciones en su contexto. “Lo importante aquí no son afirmaciones aisladas, sino la prueba objetiva”, señaló, reiterando que hasta ahora no se ha presentado evidencia concreta que demuestre que Córdoba haya recibido dinero o participado en operaciones patrimoniales.

Respecto a las reuniones realizadas en la sede de ATE con personas que reclamaban por viviendas, la defensa argumentó que estas sesiones evidencian un intento de Córdoba de gestionar soluciones para los afectados, en lugar de una maniobra clandestina. “Gestionar reclamos no implica necesariamente una conducta criminal”, sostuvo.La abogada también defendió el derecho de Córdoba a guardar silencio durante el juicio, señalando que este es un derecho constitucional que no debe interpretarse en su perjuicio. “Córdoba ha estado siempre a disposición de la justicia y la defensa cree que la prueba presentada permitirá demostrar su inocencia”, afirmó.

Finalmente, Banegas enfatizó que no se puede condenar a una persona basándose en cargos o percepciones, sino únicamente en pruebas concretas y concluyentes. “Confiamos en que el Tribunal resolverá con objetividad y apego a las garantías constitucionales”, concluyó, recordando que el proceso se originó a partir de una denuncia realizada por el propio Córdoba, lo cual invita a cuestionar las acusaciones en su contra.

—