Radar británico: Guzmán denunció que el Gobierno de Melella “boicotea” la investigación

El veterano de guerra y director de Agenda Malvinas, Daniel Guzmán, denunció que la administración Melella obstaculiza sistemáticamente el trabajo de la Comisión Especial Investigadora de la Legislatura, encargada de esclarecer las circunstancias que rodearon la instalación del radar de la empresa estadounidense LeoLabs en Tolhuin.

Además cuestionó duramente al Ejecutivo provincial por las reiteradas ausencias de funcionarios ante la Comisión Especial Investigadora que analiza la instalación del radar de LeoLabs en Tolhuin. Tras una inspección en la estancia El Relincho, confirmó que pudieron ingresar al establecimiento, pero no al predio del radar, aunque los controles eléctricos preliminares no detectaron indicios de una conexión clandestina.

“El Gobierno provincial hace exitosos esfuerzos por frenar, estorbar y bloquear el trabajo de la comisión”, denunció. Además, advirtió sobre el creciente malestar de los excombatientes, algunos de los cuales cuestionan la posible presencia de autoridades provinciales en los actos de Malvinas de 2027. La comisión busca incorporar nuevos testimonios y presentar su informe antes de finalizar el año.
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Guzmán confirmó que la comitiva ingresó a la estancia El Relincho desde la Ruta Nacional Nº 3, aunque no pudo acceder al predio específico de aproximadamente 13.400 metros cuadrados donde está instalado el radar, o sea, entramos a la estancia El Relincho, accedimos por la Ruta 3, pero al predio no podíamos ingresar”, explicó.

Participaron de la recorrida el presidente de la comisión, Pablo Villegas, las legisladoras Natalia Gracianía y Gisela Dos Santos, técnicos de la Dirección Provincial de Energía de Tolhuin y un ingeniero vinculado al Centro de Excombatientes de Malvinas, docente de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego.

También estaba prevista la participación de Ariel Garber, propuesto como perito para analizar las prestaciones del radar y determinar si existía alguna posibilidad de que continuara emitiendo o recibiendo información satelital. Sin embargo, no pudo asistir debido a un viaje al exterior.

Durante la inspección se realizaron controles preliminares sobre la infraestructura eléctrica para establecer si existía alguna conexión oculta que pudiera alimentar el dispositivo.

Según Guzmán, el ingeniero participante estimó que “existía un 90% de certeza de que no habría una conexión clandestina, apreciación que también compartieron los técnicos de la Dirección Provincial de Energía”.

Los controles comprendieron las “instalaciones eléctricas exteriores y una extensión de más de 600 metros entre la ruta y el sector del radar. No obstante, la imposibilidad de ingresar al predio impidió efectuar una evaluación integral de su funcionamiento”. Guzmán también indicó que “representantes de la Secretaría de Ambiente llegaron alrededor de las 11:40, pese a que la convocatoria estaba prevista para las 11, y que su participación se limitó al acompañamiento de la recorrida”. Consideró que “las evaluaciones ambientales correspondientes deberían haberse realizado durante 2022 y 2023”.

“El Gobierno provincial boicotea el trabajo de la comisión”

El director de Agenda Malvinas fue especialmente crítico con la conducta del Ejecutivo provincial y aseguró que “existe una decisión política de impedir que la investigación avance con normalidad”.

“Es una lucha permanente contra una decisión, una política de Estado, para ponerla en esos términos, del Poder Ejecutivo provincial, que hace exitosos esfuerzos por frenar, estorbar y bloquear el trabajo de la comisión”, afirmó. Y agregó categóricamente que “para decirlo concretamente, boicotean. Ese es el concepto concreto”.

Guzmán sostuvo que “ningún funcionario de las dos gestiones del actual Gobierno provincial se presentó a brindar testimonio ante la comisión, pese a que sus declaraciones resultan necesarias para reconstruir las decisiones administrativas y políticas que permitieron instalar el radar”.

“Ningún funcionario de la provincia, de las dos gestiones del actual gobierno de Gustavo Melella, se ha prestado a testimoniar, como es el objetivo de la Comisión Especial Investigadora”, cuestionó.

Entre los funcionarios y organismos mencionados se encuentran la ex ministra Sonia Castiglione, el ministro Francisco Devita, exautoridades de la Dirección Provincial de Energía, la Secretaría de Ambiente y la Inspección General de Justicia.

En particular, cuestionó que “Castiglione pretendiera responder las consultas por escrito, al considerar que esa modalidad impide formular repreguntas y profundizar sobre posibles contradicciones”. Además, agregó que “la última respuesta es que Castiglione quería responder de manera escrita, pero eso imposibilita la repregunta, el análisis continuo”, explicó, y sentenció que “la negativa a responder es también una respuesta”.