Desde Gobierno insisten con derogar la Ley de Arancelamiento

El jefe de Gabinete, Sergio Araque, reiteró que si se pone en práctica la Ley de Arancelamiento Hospitalario, se caerían los programas nacionales, lo cual implica la pérdida de recursos por alrededor de 8 millones de pesos.

Araque informó que durante su participación de la comisión de salud en la legislatura, se debatió sobre el proyecto del Poder Ejecutivo sobre financiamiento de la salud pública.
El proyecto incluye diversos puntos a destacar, como por ejemplo que quienes paguen sean las obras sociales; que exista un nomenclador piso; que no haya una diferencia entre las prestaciones de hospitales públicos y clínicas privadas; que sean los hospitales quienes tengan el poder y la fuerza de cobro. Además plantea “un ordenamiento en cuanto a la creación de fondos de afectación específica”, aseguró.
La ley de arancelamiento aún no ingresó en práctica, pero pretende que se cobre un determinado monto a cada uno de los vecinos que asistan a los hospitales. El Ejecutivo “no está de acuerdo con que esto suceda”, aseveró, entendiendo que si se cobrara a los vecinos se recaudaría aproximadamente 1 millón de pesos, pero “se caerían los programas nacionales, que exigen la gratuidad de la salud, cuyos recursos son aproximadamente de 8 millones de pesos”.
El Ministro Jefe de Gabinete, reflexionó que “si uno le cobrará al vecino, éste pagaría tres veces, porque abona los impuestos, la obra social, y el coseguro por ventanilla, y asimismo eso no financia la salud pública”.
Además, señaló que el presupuesto de salud supera los mil millones de pesos, es decir que “con este arancelamiento no se soluciona el problema de la salud pública”. Por eso, “el Ejecutivo propone una norma integral que financie definitivamente, a través de los terceros pagadores, el sistema de salud en la provincia de Tierra del Fuego”.
Por otra parte, el Ministro Jefe de Gabinete, recordó que la semana pasada realizó declaraciones testimoniales ante el Juez Héctor Ochoa por la causa que investiga el estado del Hospital Regional Río Grande, en esa oportunidad presentó “pruebas documentales sobre lo actuado y trabajado en el último año y medio en los hospitales”.
Araque indicó que presentó una copia de la denuncia penal que llevó adelante el Ministro de Salud, Andrés Arias en el Hospital Regional de Ushuaia, donde el Ministro requiere la intervención del Tribunal de Cuentas en ambos hospitales con una auditoría externa.
El funcionario precisó que el resultado de la auditoría externa “determinó la necesidad de controlar procedimientos administrativos, que no se estaban haciendo. Es así que, por ejemplo en Río Grande, decide iniciar un juicio de cuentas para el pedido de rendición de alrededor de 5 millones de pesos”.
En el mismo orden, Araque, recordó que los hospitales (Ley Nº554), son entidades autárquicos con autonomía financiera. Por lo tanto, “la mirada de los organismos de control no existía y por pedido de Arias comenzó a profundizarse un análisis sobre la situación de los dos hospitales, con recomendaciones que el Ministerio de Salud está cumpliendo”.
Remarcó que “se incorporamos contadores, personal administrativo, como así también se está incorporando un sistema de control para la rendición de cuentas, ejecución de pagos, otorgamientos de turnos y control de historias clínicas”.