Denuncian la complicidad política en la operación de Harbour Energy en Malvinas

Daniel Guzmán, periodista, veterano de guerra y director de Agenda Malvinas, abordó en AIRE LIBRE FM las preocupaciones sobre la actividad de la petrolera Harbour Energy en las Islas Malvinas, enfatizando que su operación se lleva a cabo bajo una licencia ilegal británica. Según Guzmán, esta situación es el resultado de una cadena de complicidades políticas que han permitido a la empresa operar en territorio argentino, violando la ley nacional.

Guzmán explicó que entre 2021 y 2022, Harbour Energy adquirió el 60% de las acciones del yacimiento León Marino, ubicado al norte de Malvinas, a pesar de estar impedida por la ley 2651, que sanciona a las empresas que realizan explotaciones en la plataforma continental argentina con licencias fraudulentas. “El gobierno de Tierra del Fuego conoce esta situación desde el anuncio de la entrada de Harbour Energy al consorcio territorial liderado por Total”, afirmó.

El periodista destacó que el gobierno provincial ha permitidos renovaciones de contratos petroleros, extendiéndolos hasta 2041, a pesar de la falta de participación del fiscal de Estado y del Tribunal de Cuentas en el proceso. “Esto ha convertido al gobierno de Tierra del Fuego en cómplice de una situación ilícita para permitir las inversiones británicas en Argentina”, subrayó Guzmán.

Guzmán también reveló que la situación se agrava debido a la falta de información veraz proporcionada al gobierno provincial. “Una empresa que se presentó con un nombre falso ha logrado ingresar a Argentina, y el gobierno lo sabe”, afirmó, aludiendo a la manipulación de datos por parte de Harbour Energy.

La conversación se centró en el impacto que esta situación tiene en la soberanía argentina. Guzmán denunció que la actividad de Harbour Energy y otras compañías británicas en las aguas que rodean las Malvinas representa una usurpación de recursos naturales argentinos. “La explotación de estos yacimientos no solo implica una pérdida económica significativa para Argentina, sino que también socava su soberanía”, advirtió.

En un contexto donde la política fueguina parece alinearse con intereses británicos, Guzmán instó a la defensa de la soberanía argentina frente a estas irregularidades. “Es un despropósito permitir que empresas que han operado ilegalmente en Malvinas sigan en actividad”, concluyó.

La situación plantea un desafío significativo para el gobierno argentino y la región, y resalta la necesidad de una acción política y jurídica más contundente para salvaguardar los recursos naturales y la soberanía nacional. La denuncia de Guzmán se suma a la creciente preocupación sobre la explotación de hidrocarburos en un territorio en disputa, donde la historia y la política se entrelazan en un contexto complejo y estratégico.