Cuestionan el abastecimiento británico desde Punta Arenas a Malvinas: Anticipan un proyecto de ley

El secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales, Andrés Dachary, confirmó en AIRE LIBRE FM que el Gobierno de Tierra del Fuego presentará ante la Legislatura un proyecto de ley para regular las operaciones marítimas en el mar territorial correspondiente al departamento Islas del Atlántico Sur. La iniciativa surge tras el anuncio de una ruta comercial entre Punta Arenas y las Islas Malvinas para abastecer periódicamente al archipiélago a través del estrecho de Magallanes.

En diálogo con Aire Libre FM, Dachary manifestó su preocupación por la participación de embarcaciones que contribuyen al abastecimiento de las Islas Malvinas y consideró que estas operaciones terminan facilitando la presencia británica en el territorio en disputa.

“Barcos que salgan de puertos de la región para abastecimiento de distintos tipos de mercadería, de trabajar dentro de lo que es el saqueo de nuestros recursos naturales, abaratan esa cuestión y hacen más difícil o cada vez más compleja la reapertura de negociaciones”, sostuvo.

En ese sentido, el funcionario confirmó que el Ejecutivo provincial enviará un proyecto a la Legislatura para establecer un régimen de autorización de las actividades marítimas dentro del mar territorial correspondiente al departamento Islas del Atlántico Sur.

Según explicó, la iniciativa contempla que determinadas operaciones deban contar previamente con la autorización de la autoridad competente, en este caso la Dirección Provincial de Puertos, en coordinación con la Secretaría de Malvinas. Además, prevé un régimen sancionatorio para quienes incumplan la normativa.

Dachary también adelantó que se buscará invitar a los puertos del resto del país a cerrar operaciones comerciales con empresas que, según la postura provincial, resulten funcionales a la presencia británica en Malvinas.

La relación con Chile

Consultado sobre el vínculo con Chile y la posibilidad de que el abastecimiento desde Punta Arenas genere un nuevo conflicto bilateral, Dachary diferenció la posición histórica del Estado chileno respecto de la cuestión Malvinas de algunas expresiones y acciones de funcionarios de ese país.

Señaló que el respaldo chileno a la reivindicación argentina de soberanía debe ser coherente con las relaciones institucionales que mantienen sus representantes.

“Si es un Estado que apoya una mirada respecto a la soberanía de la República Argentina sobre las Islas Malvinas, después no se puede avanzar en reuniones con estas pretendidas autoridades”, expresó, en referencia a los encuentros de funcionarios chilenos con representantes de la administración británica en las islas.

Sin embargo, aclaró que la iniciativa provincial no está dirigida contra Chile.

“No está pensado contra Chile. Es una cuestión netamente soberana argentina, jurisdicción de la provincia de Tierra del Fuego, de tratar de generar herramientas normativas que expriman lo que es el saqueo de los recursos naturales”, afirmó.

En contraposición con las expresiones que buscan profundizar las diferencias entre ambos países, destacó las acciones de cooperación e integración que se desarrollan entre las comunidades de la región.

Como ejemplo, mencionó el simulacro realizado en Ushuaia con autoridades de organismos nacionales chilenos y funcionarios de la Gobernación de Magallanes.

La presentación ante el Tribunal del Mar

Durante la entrevista, Dachary también se refirió a las acciones impulsadas por el Gobierno nacional ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, particularmente al pedido de una medida cautelar vinculada con la cuestión ambiental.

Indicó que el próximo 28 se conocería una resolución sobre esa solicitud y manifestó expectativas favorables respecto de su resultado.

Asimismo, consideró que 2026 fue un año inédito por la centralidad que adquirió la cuestión Malvinas en la agenda política nacional.

“Uno tiene que estar a la altura de las circunstancias. No solamente lo declamativo, no solamente los anuncios que se hacen, sino también acompañar con hechos, con acciones concretas”, remarcó.

El radar de Leolabs y las responsabilidades nacionales

En otro tramo de la entrevista con Aire Libre FM, el secretario fue consultado por el procedimiento realizado en la estancia El Relincho, en el marco de las actuaciones de la comisión legislativa que investiga la situación del radar de la empresa Leolabs.

Dachary consideró positivo el procedimiento y sostuvo que es necesario diferenciar las actuaciones administrativas ya analizadas por la Fiscalía de Estado de las medidas que todavía están pendientes.

Recordó que la estrategia provincial también se encuentra vinculada con las actuaciones de la Inspección General de Justicia, donde ya hubo un fallo de primera instancia que fue apelado por la empresa y que ahora deberá ser revisado por la Cámara correspondiente.

No obstante, puso especial énfasis en una decisión que continúa pendiente del Gobierno nacional desde diciembre de 2023.

Explicó que Leolabs presentó un recurso administrativo de reconsideración en alzada, mediante el cual busca revertir la decisión que había rechazado su autorización.

“Hace tres años que el Gobierno nacional tiene la chance de decirnos: miren, para siempre la autorización, no van a operar nunca. Entonces, si eso se subsanase, ya se terminaría con toda esta cuestión”, señaló.

Finalmente, Dachary sostuvo que la definición sobre la autorización para la instalación y funcionamiento del radar depende de las competencias del Gobierno nacional y cuestionó que, después de casi tres años, todavía no exista una resolución definitiva sobre el planteo presentado por la empresa.