Advierten sobre graves falencias en el sistema penitenciario tras la denuncia de una violenta agresión a internos

El integrante de la Multisectorial de Derechos Humanos de Río Grande y hasta hace pocos días representante de organizaciones civiles en el Comité Provincial de Prevención contra la Tortura, José Piñeiro, habló en AIRE LIBRE FM sobre el grave episodio ocurrido en la Unidad de Detención de Río Grande, donde tres internos habrían sido víctimas de una brutal agresión que incluso podría incluir delitos de abuso sexual.

En diálogo con Aire Libre FM, Piñeiro explicó que el Comité tomó intervención desde el primer momento, luego de recibir información directa de personas privadas de la libertad. Posteriormente, una de las víctimas accedió a entrevistarse con integrantes del organismo, donde se constataron lesiones y se solicitaron informes al Servicio Penitenciario Provincial.

“Lo que nos preocupa es la seguridad de estas personas y cómo intervino el personal penitenciario durante el hecho. Hay protocolos, cámaras de seguridad y personal que debería actuar para evitar situaciones de esta gravedad”, señaló.

Según trascendió públicamente, la agresión se habría extendido durante un tiempo considerable dentro de uno de los pabellones, situación que actualmente es investigada por la jueza Cecilia Cataldo y el fiscal Martín Bramati. Aunque las víctimas no habrían formalizado una denuncia, la Justicia intervino de oficio debido a la magnitud de los hechos.

Piñeiro remarcó que la responsabilidad principal del Estado es garantizar la integridad física de quienes permanecen bajo su custodia. “Estas personas estaban privadas de la libertad y bajo resguardo estatal. Incluso se trata de internos con prisión preventiva, es decir, personas que todavía no fueron condenadas”, indicó.

Hacinamiento y condiciones precarias

Durante la entrevista, el referente de derechos humanos amplió la mirada sobre la situación carcelaria en Tierra del Fuego. Afirmó que actualmente existen alrededor de 300 personas detenidas en toda la provincia y describió condiciones de hacinamiento especialmente graves en la Unidad de Detención de Ushuaia.

“Nunca vi algo como lo que vi en Ushuaia. Hay celdas pensadas para una persona donde conviven hasta siete internos. También existen pabellones con colchones en el piso y espacios completamente saturados”, sostuvo.

En ese sentido, recordó que desde el Comité se impulsaron acciones judiciales para advertir sobre la situación de la unidad capitalina, que funciona en instalaciones que no fueron diseñadas originalmente para albergar la cantidad actual de detenidos.

Críticas a la prisión preventiva

Piñeiro también cuestionó el uso frecuente de la prisión preventiva en la provincia y consideró que en muchos casos podrían aplicarse medidas alternativas.

“La prisión preventiva debería utilizarse únicamente cuando existe riesgo de fuga o de entorpecimiento de la investigación. Muchas personas podrían esperar el juicio con monitoreo electrónico y no privadas de la libertad”, opinó.

Preocupación por la baja de la edad de imputabilidad

Consultado sobre el debate nacional en torno a la baja de la edad de imputabilidad, Piñeiro fue categórico al señalar que Tierra del Fuego no cuenta con infraestructura adecuada para alojar menores en conflicto con la ley.

“Hoy no existe un lugar preparado para alojar chicos de 14 años. Tampoco hay suficientes profesionales especializados en salud mental ni equipos adecuados para trabajar con adolescentes”, afirmó.

A su criterio, el debate debería centrarse en las causas que llevan a los jóvenes a involucrarse en hechos delictivos. “Tenemos que preguntarnos por qué esos chicos no están en la escuela, qué pasa con sus familias y qué herramientas de contención les estamos ofreciendo como sociedad”, expresó.

Falta de profesionales y uso de psicofármacos

Otro de los aspectos señalados por Piñeiro fue la escasez de psicólogos y psiquiatras dentro del sistema penitenciario, situación que atribuyó a los bajos salarios estatales.

Además, manifestó preocupación por testimonios de internos que denuncian una distribución excesiva de psicofármacos. “Hay personas que dicen haber ingresado sin consumir este tipo de medicamentos y salir con dependencia. Es una situación que merece ser revisada con seriedad”, señaló.

Finalmente, sostuvo que la discusión sobre las condiciones de detención debe ser abordada desde una perspectiva social integral.

“Estas personas forman parte de la sociedad y tarde o temprano volverán a ella. El objetivo debería ser que salgan mejor de lo que entraron y que tengan oportunidades reales para reinsertarse”, concluyó.–