Cuestionan estadísticas sobre falsas denuncias y reclaman mayor rigor en las investigaciones

El licenciado Ezequiel Sánchez analizó el debate generado en torno al proyecto de ley impulsado por la senadora Carolina Losada para incrementar las penas por falsas denuncias y cuestionó la validez de algunos estudios estadísticos utilizados para minimizar la incidencia de este fenómeno.

Durante una entrevista radial, Sánchez sostuvo que las investigaciones citadas para afirmar que las falsas denuncias representan menos del 1% de los casos presentan importantes falencias metodológicas. Según explicó, algunos informes tomaron como base la totalidad de las denuncias penales registradas en el país, incluyendo delitos de diversa índole, lo que redujo artificialmente el porcentaje de denuncias falsas vinculadas a violencia de género o abuso sexual.

“El informe tiene errores metodológicos básicos. Para estudiar las falsas denuncias habría que analizar específicamente las denuncias relacionadas con esos delitos y aplicar protocolos que permitan evaluar la credibilidad de los testimonios”, afirmó.

El profesional señaló además que el fenómeno de las falsas denuncias en contextos de divorcios conflictivos y disputas familiares viene siendo estudiado desde hace décadas en países como Estados Unidos e Inglaterra. En ese sentido, indicó que algunos trabajos internacionales ubican este tipo de situaciones en torno al 10%, aunque aclaró que no existen estadísticas científicas definitivas en ninguna parte del mundo.

Sánchez también manifestó que el sistema judicial argentino presenta dificultades para detectar de manera efectiva cuándo una denuncia fue realizada con dolo, es decir, con la intención deliberada de engañar. A su criterio, el incremento de penas propuesto por el proyecto de ley podría tener escaso impacto si previamente no se fortalecen los mecanismos de investigación.

“Para acreditar una falsa denuncia no alcanza con una absolución o un archivo de causa. Hay que demostrar que existió intención de engañar y eso requiere herramientas específicas de análisis del testimonio y de evaluación forense”, explicó.

Durante la entrevista, se analizaron casos ocurridos en Tierra del Fuego en los que personas denunciadas resultaron posteriormente absueltas o desvinculadas de los hechos investigados. Sobre estas situaciones, Sánchez consideró que existen falencias en la etapa investigativa y remarcó la necesidad de contar con especialistas capacitados para abordar delitos vinculados a violencia de género y violencia intrafamiliar.

Asimismo, cuestionó los protocolos utilizados por distintos organismos estatales y sostuvo que muchas veces las evaluaciones de riesgo se basan únicamente en la declaración de una de las partes sin contar con suficientes elementos de corroboración.

No obstante, el profesional aclaró que la existencia de falsas denuncias no implica desconocer los casos reales de violencia. En ese sentido, remarcó que una proporción significativa de las denuncias son legítimas y requieren intervención estatal urgente.

“Existen agresores de alta peligrosidad que representan un riesgo concreto para sus familias y para las víctimas. Reconocer que pueden existir falsas denuncias no significa negar la existencia de la violencia real”, concluyó.

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