Torturas en Malvinas: militares indagados rechazaron acusaciones y no declararon

Se trata del personal de cuadros del Regimiento de Infantería 5 de Entre Ríos, Eduardo Luis Gassino, Miguel Ángel Garde, Belisario Gustavo Affranchino Rumi y Gustavo Adolfo Calderini.

La jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, sentó en el banquillo a 4 de los primeros 23 militares imputados en la Causa N° 1.777/07, en la que se investiga violaciones a los Derechos Humanos cometidos por oficiales y suboficiales argentinos a los propios soldados, durante el conflicto bélico contra Gran Bretaña de 1982, como consecuencia del fallido intento de la Dictadura Militar, de recuperar las Islas Malvinas mediante el uso de las armas.

Se trató del personal de cuadros del Regimiento de Infantería 5 de Entre Ríos, Eduardo Luis Gassino y Miguel Ángel Garde, quien fueron indagados mediante videoconferencia, el jueves 5 y del mismo modo, Belisario Gustavo Affranchino Rumi y Gustavo Adolfo Calderini el viernes 6.

En todos los casos, expresaron un alegato en su defensa, se negaron a responder los cargos y presentaron descargos ampliatorios por escrito, en los que solicitaron medidas de prueba que serán evaluadas Borruto.

Fueron asistidos por el defensor oficial federal Guillermo Garone, y antes de comenzar a declarar dijeron comprender las imputaciones formuladas por el fiscal del distrito Marcelo Rapoport, quien fue asistido por la titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (PCCH) María Ángeles Ramos.

Existen desde testimonios hasta documentos que “complementan el cuadro probatorio”

“Es una causa más que trascendente porque forma parte de un pasado histórico, triste y duro que no debemos ocultar. Como sociedad tenemos que hablar de lo que les pasó a varios de los soldados que estaban en situación de combate. No se puede desconocer lo que vivieron ni desmerecerlo”, señaló Ramos en dialogo con los medios nacionales y de la provincia de Tierra del Fuego.

Para la titular de la PCCH, las víctimas de estos hechos “sufrieron agresiones contra la integridad física y psíquica”, que constituyen “verdaderos crímenes”, y que por el contexto en que se produjeron “deben ser catalogados como de lesa humanidad”, sostuvo.

Según Ramos, en el expediente que se tramita desde 2007 existen desde testimonios hasta documentos que “complementan el cuadro probatorio”, por lo que pidió “prudencia y paciencia” para que la jueza a cargo de la investigación pueda reconstruir lo ocurrido.

Fuente: www.agendamalvinas.com.ar.

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