Quiénes son los acusados de vender las viviendas de ATE (🎙)

Desde la conducción de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), en Ushuaia, denunciaron a dos delegados que integran esa conducción gremial por una supuesta estafa. Los acusan de intentar vender departamentos que el IPV construyó para esta entidad sindical. Jonatan Chocobar, secretario de Acción Política de ATE, habló en AIRE LIBRE FM explicando de que se trata esta denuncia.

El fiscal Nicolás Arias requirió el inicio de una causa penal e imputó a dos personas como consecuencia de la denuncia presentada por el secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Carlos Córdoba, sobre la presunta venta de “viviendas futuras” a personas ajenas al sindicato.
Córdoba denunció que dos directivos de ATE, Miguel Ángel Arana y Daniel Alberto Belbey, que estaban a cargo de la comisión de viviendas del gremio y manejaban el listado de aspirantes a la adjudicación de viviendas en el complejo Barrancas del Río Pipo, le “vendieron” lugares en ese listado a gente que no es empleada pública ni afiliada al sindicato, y que cobraron por ello.

El Diario del Fin del Mundo publicó que los acusados habrían “vendido a los damnificados, viviendas a realizarse por parte de la entidad (ATE) defraudando así a los compradores, ya que a los inmuebles sólo podían acceder empleados del Estado y afiliados del sindicato mencionado, requisitos que aquellos no reunían”, definió el fiscal en el requerimiento de instrucción elevado al juez de instrucción de turno, Javier De Gamas Soler.
Arías encuadró provisoriamente la conducta de los imputados como una “defraudación” mediante “abuso de confianza o valiéndose de cualquier otro ardid o engaño”, lo que constituiría el delito de “estafa”, y citó el caso de al menos dos víctimas (un hombre y una mujer) aunque según fuentes judiciales “podría haber más”.

Primeras víctimas

Si bien la investigación se encuentra en un estado muy preliminar, en la causa ya aparecen identificadas dos presuntas víctimas del accionar de los directivos de ATE.
Una de ellas es una mujer de nombre Zulma Arias, quien sería trabajadora de un comercio, y la otra es un hombre, dueño de una farmacia.
Justamente el propietario de ese negocio ya se presentó en la Justicia, el pasado 10 de mayo, y se identificó como Gerardo Antonio De La Trinidad Arguello Villalobos. Dijo que efectivamente era uno de los damnificados y que también conocía los datos de otras personas en su misma condición.
El propio Córdoba declaró que otro grupo de vecinos se presentó en la casa de un familiar para reclamarle “por qué no se hallaban incluidas en el listado de adjudicación de departamentos del predio de Barrancas del Río Pipo, cuando ellos le habían comprado las casas a Arana y Belbey”.


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