YPF se quedaría con el bloque I del área CA12 y Total mostró interés en el área offshore

Se llevó adelante este martes la apertura de sobres de la licitación de los dos bloques del área CA 12, una de las cuales quedó desierta y la otra, con la iniciativa privada que ya había planteado YPF. El referente de la Multisectorial 21F de Río Grande, Moisés Solorza, informó que «la empresa Total estaría interesada en el área offshore». Esta licitación fue una de las mayores preocupaciones del Ejecutivo en esta materia, e incluyó un lanzamiento en la Ciudad de Buenos Aires con la participación de la gobernadora Rosana Bertone.

El referente de la Multisectorial 21F Moisés Solorza, dio detalles a Provincia 23, que siguió el cronograma que tenía la Secretaría de Hidrocarburos de la provincia y tenía prevista la apertura para el lunes a las 11:00 de la mañana.

“El acto se realizó, si bien no participé. La empresa YPF había enviado el 22 de septiembre de 2016 una presentación de iniciativa privada a la Secretaría de Hidrocarburos. De hecho, el gobierno de la provincia declaró de interés esta iniciativa privada por parte de YPF, para quedarse con el bloque CA12 1A, que es vecino del bloque que está operando en el área de Lago Fuego y pertenecía a la ex Apache. Luego se quedó con esa área la subsidiaria de YPF, YSUR, que la está operando y ha tenido varios pozos con éxito en la zona. Habían presentado esta iniciativa privada en consideración específicamente de esta área”, dijo.

Por otro lado, el área CA12 II “habría quedado desierta en principio, pero hay un interés de otras empresas que tendrán que decirlo en su momento. Uno tiene conocimiento del interés de Total Austral por la zona offshore”, informó.

Puerto de Caputo

Consultado sobre los rumores de que el grupo Mirgor, con Caputo a la cabeza, tendría interés en invertir en el sector petrolero y financiar el puerto de Río Grande, aclaró que “todo es información extraoficial, pero se sabe que ha habido reuniones vinculadas con el proyecto del famoso convenio chino, que el gobierno tiene judicializado. Estarían intentando darle una salida elegante a esta situación que nos va a traer dolores de cabeza si no se resuelve”.

“El estado provincial y la empresa han hecho su descargo, la empresa TFEyQ ha enviado un recurso de reconsideración a la justicia, el gobierno de la provincia dictó el decreto y lo cierto es que está parado y judicializado. De ahí a que la empresa aseguradora de ese negocio haya pagado la caución y esté en condiciones de iniciar un juicio, todo se deslindará en estrados judiciales. Lo cierto es que el proyecto no se llevó adelante, la empresa pagó 32 millones de dólares al gobierno provincial (de Fabiana Ríos) y había una inversión importante prevista”, recordó.

La propia Ríos y sus funcionarios reconocieron que el destino de esos fondos fueron gastos generales, y terminaron pagando sueldos. “Ese proyecto se tendría que haber iniciado porque pasó todos los procesos de licitación, de aprobación legislativa, que llevó a la empresa a abonar 32 millones de dólares. Todo ha sido muy poco claro, no sólo con esta empresa, sino con respecto a todas las que están operando en Tierra del Fuego. Sin ir más lejos en la última concesión, que fue muy conveniente para la empresa Total, la provincia tenía la posibilidad de cobrar cánones y regalías de manera inmediata y los plazos de renegociación, que no fueron consultados con nadie, otorgaron un 0,5% anual para el pago de los nuevos valores de regalías y cánones. Allí adentro hay una caja negra y pocos quieren que se sepa de los manejos de las áreas hidrocarburíferas por parte de la provincia”, cuestionó.

De confirmarse los trascendidos, los nuevos inversores podrían hacerse cargo del proyecto de TFEyQ, y continuar lo que quedó trunco, resolviendo además el conflicto judicial para la provincia.

También Solorza defendió la necesidad de una ley de emergencia tarifaria, que ingresará esta semana a la Legislatura, con la expectativa de que se trate en la sesión del 23 de agosto. “Nos hemos convertido en la segunda provincia productora de gas y sabemos lo que está pasando con nuestra gente, peleándose por la garrafa social porque traemos GLP de Bahía Blanca. No hay infraestructura y mientras tanto las petroleras, que son las intocables de siempre, se llevan el petróleo y el gas a Chile. Es una lógica que continúa, y continúan los mismos funcionarios que nos llevaron a este lugar, dado que siguen a cargo los mismos de la gestión Ríos”, remarcó.

“Esto no me llama la atención para nada porque sabemos que existen cuestiones inherentes a la política absolutamente alejadas de la política, que se pactan cuando hay elecciones. Uno no reniega de eso, sino de las decisiones que se toman en torno a los hidrocarburos, que tienen un claro componente de impericia, por decirlo de una manera liviana. En la situación actual parece que son premiados los funcionarios que nos dicen abiertamente que no es descabellado un aumento del 50% de la tarifa eléctrica, cuando todos sabemos que dependemos del gas para la generación y muy poco ha hecho el Secretario de Hidrocarburos de la provincia para abaratar los costos. Nuestros usuarios están pagando el gas más caro del mundo, cuando sabemos que somos la segunda provincia productora del país”, sostuvo.

“Es como si en Río Negro, donde las manzanas se caen de los árboles, hubiera gente que no puede comprar un kilo de manzanas porque la tienen los especuladores de siempre. En Tierra del Fuego pasa con el gas, que es un negocio para unos pocos. En Tierra del Fuego se dirimen los destinos de un área tan importante como Hidrocarburos, por una especulación política, por amiguismo circunstancial o por alianzas electorales. Tenemos una de las tarifas más caras de la región, teniendo nuestro gas y nuestro petróleo en la zona norte. Son los mismos responsables que nos han llevado a una pobreza estructural del 29% en nuestra provincia, a una Cooperativa colapsada de deudas y una DPE que tiene que salir a comprar una turbina usada porque no está resuelta la cuestión energética integral de la provincia”, señaló.

El referente dio cuenta de su trabajo de “32 años en el sector del petróleo, porque entré a los 18 como peón en boca de pozo y me retiré siendo supervisor en telemetría y telecontrol en las plantas de gas y petróleo. Algo de conocimiento he adquirido en estos años y no es autobombo, pero estamos en emergencia energética en la provincia y así lo dictaron los legisladores, porque el Ejecutivo dijo que atravesábamos una situación de caos. La ley de emergencia 1.100 -sancionada el 14 de julio de 2016- tiene cinco artículos y en el cuarto se agiliza la compra directa y contrataciones para no pasar por el proceso licitatorio. De esta manera se compran miles de lamparitas led, que quedan muy bonitas, con contrataciones directas a los proveedores de siempre, pero con eso no alcanza. La capacidad de generación es muy pobre, la distribución de GLP no es aconsejable en los términos que se está dando, hay un negocio muy llamativo con la distribución y carga de gas licuado cada vez que llega el invierno y hay muchas cosas que son vergonzosas”, manifestó.

“Son 7.240 familias a las que se está asistiendo con las arcas provinciales, generando una bola de nieve, porque el estado es cada vez más chico y tiene cada vez menos recursos. Peligra la asistencia del estado producto de la propia impericia del estado y, si no hay una emergencia energética que contemple la cuestión social en Tierra del Fuego, estamos en problemas. Yo redacté un proyecto de ley que vamos a presentar esta semana en la Legislatura para ver si puede ser tratado en la sesión del 23 de agosto, justamente apuntando a una cuestión tarifaria integral”, adelantó.

“No podemos ser la segunda provincia productora de gas y que estén retirando los medidores por falta de pago. Estamos en el rumbo equivocado y los funcionarios son partícipes necesarios de esta situación que hay que resolver. Debe haber una política pública en un gobierno peronista, que tiene como bandera la igualdad social”, propició.

Aumento de gas

Finalmente, se refirió al nuevo aumento de la tarifa de gas, con una audiencia pública ya convocada para el 4 de septiembre en Río Grande. “Estoy compartiendo el documento que llama a la audiencia pública y pone como sede la ciudad de Río Grande. Espero que no salga una circular del gobierno nacional para que lo trasladen a Ushuaia y no podamos hacernos presentes, porque estas cosas también suceden”, alertó.

“Me quiero presentar para poner la voz cuando la provincia no lo hace, por complicidad con el gobierno nacional. El ajuste lo pagamos todos, y sobre todo los más vulnerables. El gobierno provincial realmente confió en Macri con el pacto fiscal, con la quita de reembolsos a puertos patagónicos, con el aumento de combustibles, con la quita de asignaciones familiares, con el cálculo de haberes jubilatorios que votaron los senadores fueguinos. Hay cosas a las que uno le puede echar la culpa al gobierno centralista de Macri, que era de esperar con un modelo neoliberal y ya lo vimos con Menem; pero acá nos quitaron la producción de notebooks, netbooks y tablets, y el gobierno provincial dijo que nos íbamos a reconvertir, pero los compañeros de Mirgor llevan más de un mes con la planta tomada y esperan que todavía se acerque un funcionario. La gobernadora ha pedido no hacer enojar a Macri porque nos iba a ir mal. Ahora dicen que Nicolás Caputo, uno de los dueños de Mirgor, quiere venir a construir el puerto de Río Grande, y es al mismo al que le prestamos los 200 millones de dólares con los que nos endeudamos, para tapar el rojo fiscal que tiene la nación. Así nos pagan los favores, quitándonos las asignaciones, el fondo de la soja, y el gobierno de la provincia no hace nada”, concluyó.

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